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Solo un referendo popular puede detenerlos

Los banqueros se preparan para violar a Grecia: los socialdemócratas votan por el suicidio nacional La lucha por el futuro de Europa se está librando en Atenas y otras ciudades griegas que se resisten a las exigencias financieras que son la versión en el Siglo XXI de un ataque militar directo. Sin duda, la amenaza… ( Leia mais » )

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Unión Europea: cuando la guerra de los países acreedores contra los países deudores troca en guerra de clases

El execonomista de Wall Street Michael Hudson, uno de los más sagaces analistas de la actual crisis económica y financiera, ve en el reciente discurso del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, el programa de un verdadero golpe de estado financiero contra la democracia europea. Poco después de que el Partido Socialista ganara las elecciones a… ( Leia mais » )

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¿Es el rechazo de Islandia al acoso financiero el modelo a seguir por Grecia e Irlanda? ¿Desintegración de la Eurozona?

El mes pasado, Islandia votó en contra de someterse a las exigencias holandesas y británicas para que compensara a las agencias de seguros de los bancos nacionales de esos países por el rescate de sus propios inversores en Icesave. Era la segunda votación en contra del acuerdo (por una ratio de 3 a 2) y… ( Leia mais » )

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Ni devaluación interior ni austeridad fiscal: en Europa hay una alternativa político-económica de izquierda

Ni devaluación interior ni austeridad fiscal: en Europa hay una alternativa político-económica de izquierda
Michael Hudson – Rebelion, 19.07.2010

A medida que se ahonda la crisis bancaria europea, la crisis fiscal de Grecia y de España se difunde por Europa y la economía estadounidense se encalla, el grueso de las discusiones sobre el modo de estabilizar las finanzas nacionales parte del supuesto, según el cual sólo habría dos opciones disponibles: o la “devaluación interna”, que consiste en encoger la economía por la vía del recorte del gasto público; o devaluación directa de la moneda (en los países que, como los europeo-orientales, aún no se han sumado al euro).
¿Devaluar la moneda?

Los países bálticos, entre otros, se han negado a la devaluación de la moneda, aduciendo que eso podría retrasar su ingreso en la Unión Europea. Lo cierto es que, dado que el grueso de sus deudas están denominadas en euros –los acreedores son sobre todo bancos extranjeros, o sus filiales locales—, la devaluación dispararía el servicio de la deuda, lo que provocaría un incremento de las moras, así como más quiebras técnicas en el sector de los bienes raíces. La devaluación causaría también el aumento del precio de la energía y de otras importaciones esenciales, agravando el encogimiento de la economía.

Huelga decir que los Estados soberanos pueden redenominar todas sus deudas en la moneda nacional aboliendo la “cláusula exterior”, como hizo el presidente Roosevelt cuando, en 1933, abolió la “cláusula del oro” en los contratos bancarios estadounidenses. Eso significaría pasar el problema de los malos préstamos a los bancos extranjeros, señaladamente a los suecos y austriacos, que suscribieron los préstamos que ahora van por mal camino. Pero al grueso de los dirigentes gubernamentales la devaluación de la moneda les resulta tan impensable de entrada, así que no parece quedar sino una alternativa: un programa de austeridad fundado en los recortes fiscales.
La exigencia de austeridad fiscal

La UE, el FMI y los grandes bancos exigen a los gobiernos la búsqueda de excedentes fiscales por la vía de recortar los programas de pensiones y seguridad social, asistencia sanitaria, educación y otros gastos sociales. Los bancos centrales tendrían que reforzar la austeridad reduciendo el crédito. Se supone que los salarios y los precios caerán proporcionalmente, lo que permitiría a las economías en proceso de encogimiento “labrarse un camino para salir de la deuda” gracias a un excedente comercial que les permitiría ingresar los euros necesarios para lidiar con las gigantescas deudas hipotecarias generadas por la burbuja inmobiliaria posterior a 2002, viniendo la nueva deuda del banco central en apoyo de la tasa de cambio.

Los Estados bálticos han adoptado el programa de austeridad monetaria y fiscal más extremo. Los recortes en el gasto público y las políticas monetarias deflacionarias han producido en los dos últimos años un encogimiento de las economías lituana y letona superior al 20%. Los niveles salariales en el sector público letón han caído un 30%, y el banco central ha manifestado su esperanza de que el encogimiento salarial prosiga y rebaje también los salarios en el sector privado.
Los costos de la austeridad fiscal

El problema es que la austeridad provoca huelgas y paros, que se traducen en reducciones del mercado y de la inversión interiores. Crece el desempleo y caen los salarios. Lo que trae consigo el desplome de la recaudación fiscal, porque el sistema fiscal letón descansa casi exclusivamente en los trabajadores asalariados. La mitad de la nómina salarial se destina al pago de un exorbitante conjunto de impuestos de tasa única, que representan más del 51%, mientras que el IVA absorbe otro 7% del ingreso personal disponible. Sin embargo, el banco central declara a bombo y platillo que la caída salarial es un éxito, y clama por ulteriores descensos.

Los precios inmobiliarios se han desplomado también, hasta un 70%. La mora hipotecaria se ha disparado por encima del 25%, y aumentan los impagos. El centro de Riga y el barrio costero residencial de Jurmala rebosan de carteles: “en venta”, “en alquiler”. La caída de los precios ata a los hipotecados propietarios a su propiedad. Por otra parte, la práctica inexistencia de impuestos a la propiedad (una tasa nominal que en la práctica ronda el 0,1%) ha permitido a los especuladores mantener las propiedades sin necesidad de alquilarlas.

Cerca de un 90% de las deudas hipotecarias letonas están contraídas en euros, y la mayoría de ellas son con bancos suecos o con filiales locales de los mismos. Hace unos años, los reguladores bancarios urgieron a los bancos a pasar del préstamo fundado en un colateral (en el que la propiedad respaldaba a la hipoteca) al préstamo “fundado en el ingreso”. Se animó a los bancos a insistir en los créditos concedidos tuvieran la cofirma del mayor número posible de familiares: padres e hijos, incluso tíos y tías. Eso permite a los bancos vincular a la deuda los salarios de las partes cofirmantes.

El paso siguiente es el desahucio de la propiedad. Los reguladores bancarios sólo se preocupan de la solvencia bancaria –de un sistema bancario en manos extranjeras—, no de la del conjunto de la economía. Su modelo es Estonia, que combinaba en 2009 unas finanzas estables con un encogimiento de la economía rayano en el 15%, lo que le valió el pasado mes la promesa de la entrada en Eurolandia.

Resultado: en vez de que el sistema bancario trabaje para la economía, Letonia y otras economías postsoviéticas gestionan su vida económica para mantener la solvencia de los bancos. Como si realmente se esperara que la endeudada población gastara el resto de su vida en pagar para salir de la quiebra técnica [la deuda contraída supera el valor actual de los activos hipotecados; T.] en que la han hundido los malos préstamos.

Eso está causando tal caos, que algunos propietarios de empresas emigran para escapar de sus deudas. El diario Diena publicó recientemente un artículo sobre una mujer de medios modestos residente en una ciudad letona de mediano tamaño, Jelgava. Luego de contratar una hipoteca por valor de 40.000 lats (unos 55.000 euros), perdió su trabajo. El banco se negó a renegociar la hipoteca y subastó su propiedad por apenas 7.500 lats, dejándola todavía con una deuda de 30.000 lats, a pagar devengándolos de sus ingresos futuros.

El préstamo hipotecario destinado a hinchar la burbuja inmobiliaria permitió la financiación del déficit comercial. Esto ha llegado a su fin. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria hace dos años, el préstamo euro-hipotecario suministraba los recursos exteriores para cubrir el déficit comercial letón. Ahora, el banco central toma prestado de la UE y del FMI, a condición de que el préstamo se use exclusivamente para sostener la moneda, a modo de colchón. Lo que parece autodestructivo, porque la deflación monetaria causará desórdenes financieros, agravando la crisis de la mala deuda y estimulando las fugas financieras.

Ni devaluación interior ni austeridad fiscal: la izquierda tiene una Tercera Opción, la reforma radical del sistema fiscal
¿Pueden salir reelegidos los gobernantes que promueven este tipo de políticas? En Letonia y otras economías del Este europeo, los partidos políticos están comenzando a armar una Tercera Opción, una alt
ernativa a la devaluación, al encogimiento de la economía y al desplome del nivel de vida.

Esa Tercera Opción pasa por la reforma del sistema fiscal. Arranca de la constatación de un hecho: la exacerbada fiscalidad sobre el empleo –superior al 51%- significa que los salarios que se llevan a casa son menos de la mitad de lo que los empresarios les pagan. Letonia dispone del trabajo peor remunerado de la Europa septentrional, y sin embargo, proporcionalmente, es el de mayor coste para los empresarios. Y para hacer peores las cosas, los impuestos sobre los bienes raíces son sólo una fracción del 1%. Ése fue un factor de la mayor importancia a la hora de hinchar la burbuja inmobiliaria. El valor no fiscalmente gravado del suelo va a parar a los bancos, quienes, a su vez, prestan a destajo sus ingresos hipotecarios con el fin de seguir disparando al alza los precios de las propiedades inmobiliarias, lo cual, a su turno, fuerza a los gobiernos a aumentar los impuestos sobre los salarios y las ventas, lo que genera un aumento del costo del trabajo y del precio de los bienes y servicios. Similares impuestos planos o te tipo único sobre el trabajo y sobre la pequeña propiedad se han convertido en plaga en todo el boque ex soviético desde 1991.

Lo bueno es que este deforme sistema fiscal deja margen substancial para desplazar las cargas fiscales sobre el empleo hacia las rentas de “barra libre”, incluidas las rentas sobre el valor del suelo, las rentas monopólicas y la riqueza financiera. Ahora mismo, esas rentas están exentas –”libres”— de impuestos: van a parar a los bancos.

La economía letona puede hacerse más competitiva simplemente liberándola de la carga gemela que significan unos salarios pesadamente gravados fiscalmente y unos precios inmobiliarios hinchados por un eurocrédito fácil. Dispone de un ancho margen para reducir el costo del trabajador para las empresas, hasta en un 50%, sin reducir los salarios que se llevan los trabajadores a casa. Un desplazamiento de la carga fiscal así, del trabajo al valor rentista de los bienes raíces, reduciría el coste del empleo sin necesidad de reducir los niveles de vida, y todo ello sin poner en peligro las finanzas públicas.

Rebajar los impuestos sobre los salarios reduciría el coste del empleo sin reducir ni el salario que los trabajadores se llevan a casa ni los niveles de vida. Incrementar los impuestos a la propiedad, por otra parte, dejaría menos valor subsistente para que ser capitalizado en los préstamos bancarios, lo que permitiría guarecerse del endeudamiento futuro.
Aprender de Hong Kong

Una política de este tipo fue la que anduvo detrás del auge económico de Hong Kong: el ejemplo que los dirigentes letones esperan emular como enclave de servicios bancarios y centro tecnológico internacional (como lo era la propia Letonia en los tiempos soviéticos, antes de 1991). Hong Kong promovió su despegue económico a partir, fundamentalmente, de los impuestos al valor rentista del suelo, lo que le permitió minimizar los impuestos al empleo (que actualmente significan sólo un 15%).

Desplazar la carga fiscal del trabajo al valor rentista del suelo mantendría, además, a la baja el precio de la vivienda y de los espacios comerciales, porque el valor rentista gravado no podría seguir siendo reciclado en forma de nueva hipotecas.

Ese desplazamiento fiscal presionaría también a la baja los precios de las propiedades inmobiliarias, porque el valor rentista gravado no quedaría disponible para que los bancos pudieran capitalizarlo en forma de préstamos hipotecarios. La vivienda en economías de deuda apalancada, como los EEU, Gran Bretaña [y España] absorben normalmente el 40% del presupuesto familiar [en España, cerca del 45%; T.]. Reducir esa proporción al 20% -como en la economía alemana, mucho menos endeudada, y en la que el préstamo ha procedido de manera harto más responsable—, permitiría gastar los ingresos salariales en bienes y servicios, y no en el servicio de la deuda hipotecaria. Lo que, así, daría mayor margen para la moderación salarial, sin necesidad de recudir los niveles de vida. Eso significa que los letones y otros países de la Europa del Este no están obligados a sacrificar la economía en el altar de la eurodeuda; no necesitan someterse ni a la devaluación de su moneda ni a programas de austeridad.

Desplazar a la propiedad del suelo la carga fiscal ahora soportada por los trabajadores reduciría el costo de la vida de los letones, rebajando el precio de la vivienda y de los espacios comerciales. La renta económica –ingresos sin los correspondientes costos de producción— sería transferida al Estado como base fiscal, en vez de quedar “libre” para que los bancos puedan capitalizarla en forma de forma de préstamos hipotecarios. Los precios de las propiedades están determinados por el volumen del préstamo bancario, de manera que gravar fiscalmente el valor rentista del suelo (no los legítimos retornos de las mejoras de construcción y capital) reduciría la tasa de capitalización, manteniendo bajos los precios de la propiedad inmobiliaria.
Conclusión

En resumidas cuentas: el problema de la deflación monetaria (“devaluación interna”) es que deja intactas las disfuncionales estructuras fiscales existentes. El asunto principal en los años venideros, y no sólo en la Europa del Este, será éste: si las economías pueden liberarse a sí mismas de la carga gemela representada por unos salarios pesadamente gravados fiscalmente y unos precios inmobiliarios hinchados, y si pueden hacerlo evitando una sobredosis de austeridad, de todo punto innecesaria. Se precisa un cambio en la estructura fiscal, un cambio conforme a las líneas que la mayoría de los países occidentales esperaban ver hace ahora un siglo.

Objetivo: hacer más competitiva la economía minimizando el coste de la vida y de los negocios. La Tercera Opción sirve al propósito de alinear los precios de la propiedad inmobiliaria y los precios monopólicos con los costos necesarios de producción. Gravar fiscalmente la formación de precios en el “vacío”, muy por encima del valor del costo, fiscalizar, esto es, la renta económica, fue parte integral del republicanismo “original” [1] de Adam Smith y de John Stuart Mill, y en realidad, de todos los economistas políticos, desde los fisiócratas hasta los reformadores de la Era Progresista [2].

La contienda política en las elecciones parlamentarias nacionales previstas para el próximo mes de octubre se librará, y por mucho, en torno del programa económico de desarrollo Renovación Letona, patrocinado por el Centro de la Armonía, la coalición de los partidos de izquierda. En la última reunión anual –29-30 de mayo de 2010—, los dirigentes del partido empezaron a trabajar, a fin de concretar la alternativa sobredicha en leyes e iniciativas legislativas y de trazar el mapa del valor del suelo letón.

NOTAS T.:
[1] Siguiendo un uso idiosincrático de la palabra “liberalismo” en los EEUU de la segunda mitad del siglo XX, Hudson habla aquí de “liberalismo original”. En Europa y en América Latina, en cambio, la palabra “liberalismo” sigue refiriendo a un fenómeno político antidemocrático del siglo XIX (la palabra se inventó en la España de 1812), y apunta al desempeño de partidos –los partidos “liberales”—, activos sólo bajo monarquías meramente constitucionales –no parlamentarias, salvo, luego, la bri
tánica-, y desconocidos en regímenes republicanos como los de los EEUU, Francia y la Argentina. Así pues, hemos traducido a la europea por “republicanismo original”.
[2] En EEUU se conoce por Era Progresista a la vigorosa reacción democrática de comienzos del siglo XX, que siguió a la Era de la Codicia posterior a la Guera Civil norteamericana, en la que campaban por sus respetos los famosos “barones ladrones” (Rockefeller{_VIVanderbilt, Stanford, etc.) y políticos como el presidente Rudolf Hayes, que llegó a declarar que su gobierno era de empresarios y para empresarios

Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Su dedicación a los problemas de las economías postsoviéticas, y especialmente la letona, le ha llevado a ser comisionado recientemente, por parte de la coalición de izquierda letona Centro de la Armonía, como economista jefe de la Reform Task Force Latvia, un think tank encargado de elaborar una política económica alternativa para ese país báltico. Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009).

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3480

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Ni devaluación interior ni austeridad fiscal: en Europa hay una alternativa político-económica de izquierda

Rebelion, 19.07.2010
A medida que se ahonda la crisis bancaria europea, la crisis fiscal de Grecia y de España se difunde por Europa y la economía estadounidense se encalla, el grueso de las discusiones sobre el modo de estabilizar las finanzas nacionales parte del supuesto, según el cual sólo habría dos opciones disponibles: o la “devaluación interna”, que consiste en encoger la economía por la vía del recorte del gasto público; o devaluación directa de la moneda (en los países que, como los europeo-orientales, aún no se han sumado al euro).
¿Devaluar la moneda?

Los países bálticos, entre otros, se han negado a la devaluación de la moneda, aduciendo que eso podría retrasar su ingreso en la Unión Europea. Lo cierto es que, dado que el grueso de sus deudas están denominadas en euros –los acreedores son sobre todo bancos extranjeros, o sus filiales locales—, la devaluación dispararía el servicio de la deuda, lo que provocaría un incremento de las moras, así como más quiebras técnicas en el sector de los bienes raíces. La devaluación causaría también el aumento del precio de la energía y de otras importaciones esenciales, agravando el encogimiento de la economía.

Huelga decir que los Estados soberanos pueden redenominar todas sus deudas en la moneda nacional aboliendo la “cláusula exterior”, como hizo el presidente Roosevelt cuando, en 1933, abolió la “cláusula del oro” en los contratos bancarios estadounidenses. Eso significaría pasar el problema de los malos préstamos a los bancos extranjeros, señaladamente a los suecos y austriacos, que suscribieron los préstamos que ahora van por mal camino. Pero al grueso de los dirigentes gubernamentales la devaluación de la moneda les resulta tan impensable de entrada, así que no parece quedar sino una alternativa: un programa de austeridad fundado en los recortes fiscales.

La exigencia de austeridad fiscal

La UE, el FMI y los grandes bancos exigen a los gobiernos la búsqueda de excedentes fiscales por la vía de recortar los programas de pensiones y seguridad social, asistencia sanitaria, educación y otros gastos sociales. Los bancos centrales tendrían que reforzar la austeridad reduciendo el crédito. Se supone que los salarios y los precios caerán proporcionalmente, lo que permitiría a las economías en proceso de encogimiento “labrarse un camino para salir de la deuda” gracias a un excedente comercial que les permitiría ingresar los euros necesarios para lidiar con las gigantescas deudas hipotecarias generadas por la burbuja inmobiliaria posterior a 2002, viniendo la nueva deuda del banco central en apoyo de la tasa de cambio.

Los Estados bálticos han adoptado el programa de austeridad monetaria y fiscal más extremo. Los recortes en el gasto público y las políticas monetarias deflacionarias han producido en los dos últimos años un encogimiento de las economías lituana y letona superior al 20%. Los niveles salariales en el sector público letón han caído un 30%, y el banco central ha manifestado su esperanza de que el encogimiento salarial prosiga y rebaje también los salarios en el sector privado.

Los costos de la austeridad fiscal

El problema es que la austeridad provoca huelgas y paros, que se traducen en reducciones del mercado y de la inversión interiores. Crece el desempleo y caen los salarios. Lo que trae consigo el desplome de la recaudación fiscal, porque el sistema fiscal letón descansa casi exclusivamente en los trabajadores asalariados. La mitad de la nómina salarial se destina al pago de un exorbitante conjunto de impuestos de tasa única, que representan más del 51%, mientras que el IVA absorbe otro 7% del ingreso personal disponible. Sin embargo, el banco central declara a bombo y platillo que la caída salarial es un éxito, y clama por ulteriores descensos.

Los precios inmobiliarios se han desplomado también, hasta un 70%. La mora hipotecaria se ha disparado por encima del 25%, y aumentan los impagos. El centro de Riga y el barrio costero residencial de Jurmala rebosan de carteles: “en venta”, “en alquiler”. La caída de los precios ata a los hipotecados propietarios a su propiedad. Por otra parte, la práctica inexistencia de impuestos a la propiedad (una tasa nominal que en la práctica ronda el 0,1%) ha permitido a los especuladores mantener las propiedades sin necesidad de alquilarlas.

Cerca de un 90% de las deudas hipotecarias letonas están contraídas en euros, y la mayoría de ellas son con bancos suecos o con filiales locales de los mismos. Hace unos años, los reguladores bancarios urgieron a los bancos a pasar del préstamo fundado en un colateral (en el que la propiedad respaldaba a la hipoteca) al préstamo “fundado en el ingreso”. Se animó a los bancos a insistir en los créditos concedidos tuvieran la cofirma del mayor número posible de familiares: padres e hijos, incluso tíos y tías. Eso permite a los bancos vincular a la deuda los salarios de las partes cofirmantes.

El paso siguiente es el desahucio de la propiedad. Los reguladores bancarios sólo se preocupan de la solvencia bancaria –de un sistema bancario en manos extranjeras—, no de la del conjunto de la economía. Su modelo es Estonia, que combinaba en 2009 unas finanzas estables con un encogimiento de la economía rayano en el 15%, lo que le valió el pasado mes la promesa de la entrada en Eurolandia.

Resultado: en vez de que el sistema bancario trabaje para la economía, Letonia y otras economías postsoviéticas gestionan su vida económica para mantener la solvencia de los bancos. Como si realmente se esperara que la endeudada población gastara el resto de su vida en pagar para salir de la quiebra técnica [la deuda contraída supera el valor actual de los activos hipotecados; T.] en que la han hundido los malos préstamos.

Eso está causando tal caos, que algunos propietarios de empresas emigran para escapar de sus deudas. El diario Diena publicó recientemente un artículo sobre una mujer de medios modestos residente en una ciudad letona de mediano tamaño, Jelgava. Luego de contratar una hipoteca por valor de 40.000 lats (unos 55.000 euros), perdió su trabajo. El banco se negó a renegociar la hipoteca y subastó su propiedad por apenas 7.500 lats, dejándola todavía con una deuda de 30.000 lats, a pagar devengándolos de sus ingresos futuros.

El préstamo hipotecario destinado a hinchar la burbuja inmobiliaria permitió la financiación del déficit comercial. Esto ha llegado a su fin. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria hace dos años, el préstamo euro-hipotecario suministraba los recursos exteriores para cubrir el déficit comercial letón. Ahora, el banco central toma prestado de la UE y del FMI, a condición de que el préstamo se use exclusivamente para sostener la moneda, a modo de colchón. Lo que parece autodestructivo, porque la deflación monetaria causará desórdenes financieros, agravando la crisis de la mala deuda y estimulando las fugas financieras.

Ni devaluación interior ni austeridad fiscal: la izquierda tiene una Tercera Opción, la reforma radical del sistema fiscal
¿Pueden salir reelegidos los gobernantes que promueven este tipo de políticas? En Letonia y otras economías del Este europeo, los partidos políticos están comenzando a armar una Tercera Opción, una alternativa a la devaluación, al encogimiento de la economía y al desplome del nivel de vida.

Esa Tercera Opción pasa por la reforma de
l sistema fiscal. Arranca de la constatación de un hecho: la exacerbada fiscalidad sobre el empleo –superior al 51%- significa que los salarios que se llevan a casa son menos de la mitad de lo que los empresarios les pagan. Letonia dispone del trabajo peor remunerado de la Europa septentrional, y sin embargo, proporcionalmente, es el de mayor coste para los empresarios. Y para hacer peores las cosas, los impuestos sobre los bienes raíces son sólo una fracción del 1%. Ése fue un factor de la mayor importancia a la hora de hinchar la burbuja inmobiliaria. El valor no fiscalmente gravado del suelo va a parar a los bancos, quienes, a su vez, prestan a destajo sus ingresos hipotecarios con el fin de seguir disparando al alza los precios de las propiedades inmobiliarias, lo cual, a su turno, fuerza a los gobiernos a aumentar los impuestos sobre los salarios y las ventas, lo que genera un aumento del costo del trabajo y del precio de los bienes y servicios. Similares impuestos planos o te tipo único sobre el trabajo y sobre la pequeña propiedad se han convertido en plaga en todo el boque ex soviético desde 1991.

Lo bueno es que este deforme sistema fiscal deja margen substancial para desplazar las cargas fiscales sobre el empleo hacia las rentas de “barra libre”, incluidas las rentas sobre el valor del suelo, las rentas monopólicas y la riqueza financiera. Ahora mismo, esas rentas están exentas –”libres”— de impuestos: van a parar a los bancos.

La economía letona puede hacerse más competitiva simplemente liberándola de la carga gemela que significan unos salarios pesadamente gravados fiscalmente y unos precios inmobiliarios hinchados por un eurocrédito fácil. Dispone de un ancho margen para reducir el costo del trabajador para las empresas, hasta en un 50%, sin reducir los salarios que se llevan los trabajadores a casa. Un desplazamiento de la carga fiscal así, del trabajo al valor rentista de los bienes raíces, reduciría el coste del empleo sin necesidad de reducir los niveles de vida, y todo ello sin poner en peligro las finanzas públicas.

Rebajar los impuestos sobre los salarios reduciría el coste del empleo sin reducir ni el salario que los trabajadores se llevan a casa ni los niveles de vida. Incrementar los impuestos a la propiedad, por otra parte, dejaría menos valor subsistente para que ser capitalizado en los préstamos bancarios, lo que permitiría guarecerse del endeudamiento futuro.

Aprender de Hong Kong

Una política de este tipo fue la que anduvo detrás del auge económico de Hong Kong: el ejemplo que los dirigentes letones esperan emular como enclave de servicios bancarios y centro tecnológico internacional (como lo era la propia Letonia en los tiempos soviéticos, antes de 1991). Hong Kong promovió su despegue económico a partir, fundamentalmente, de los impuestos al valor rentista del suelo, lo que le permitió minimizar los impuestos al empleo (que actualmente significan sólo un 15%).

Desplazar la carga fiscal del trabajo al valor rentista del suelo mantendría, además, a la baja el precio de la vivienda y de los espacios comerciales, porque el valor rentista gravado no podría seguir siendo reciclado en forma de nueva hipotecas.

Ese desplazamiento fiscal presionaría también a la baja los precios de las propiedades inmobiliarias, porque el valor rentista gravado no quedaría disponible para que los bancos pudieran capitalizarlo en forma de préstamos hipotecarios. La vivienda en economías de deuda apalancada, como los EEU, Gran Bretaña [y España] absorben normalmente el 40% del presupuesto familiar [en España, cerca del 45%; T.]. Reducir esa proporción al 20% -como en la economía alemana, mucho menos endeudada, y en la que el préstamo ha procedido de manera harto más responsable—, permitiría gastar los ingresos salariales en bienes y servicios, y no en el servicio de la deuda hipotecaria. Lo que, así, daría mayor margen para la moderación salarial, sin necesidad de recudir los niveles de vida. Eso significa que los letones y otros países de la Europa del Este no están obligados a sacrificar la economía en el altar de la eurodeuda; no necesitan someterse ni a la devaluación de su moneda ni a programas de austeridad.

Desplazar a la propiedad del suelo la carga fiscal ahora soportada por los trabajadores reduciría el costo de la vida de los letones, rebajando el precio de la vivienda y de los espacios comerciales. La renta económica –ingresos sin los correspondientes costos de producción— sería transferida al Estado como base fiscal, en vez de quedar “libre” para que los bancos puedan capitalizarla en forma de forma de préstamos hipotecarios. Los precios de las propiedades están determinados por el volumen del préstamo bancario, de manera que gravar fiscalmente el valor rentista del suelo (no los legítimos retornos de las mejoras de construcción y capital) reduciría la tasa de capitalización, manteniendo bajos los precios de la propiedad inmobiliaria.

Conclusión

En resumidas cuentas: el problema de la deflación monetaria (“devaluación interna”) es que deja intactas las disfuncionales estructuras fiscales existentes. El asunto principal en los años venideros, y no sólo en la Europa del Este, será éste: si las economías pueden liberarse a sí mismas de la carga gemela representada por unos salarios pesadamente gravados fiscalmente y unos precios inmobiliarios hinchados, y si pueden hacerlo evitando una sobredosis de austeridad, de todo punto innecesaria. Se precisa un cambio en la estructura fiscal, un cambio conforme a las líneas que la mayoría de los países occidentales esperaban ver hace ahora un siglo.

Objetivo: hacer más competitiva la economía minimizando el coste de la vida y de los negocios. La Tercera Opción sirve al propósito de alinear los precios de la propiedad inmobiliaria y los precios monopólicos con los costos necesarios de producción. Gravar fiscalmente la formación de precios en el “vacío”, muy por encima del valor del costo, fiscalizar, esto es, la renta económica, fue parte integral del republicanismo “original” [1] de Adam Smith y de John Stuart Mill, y en realidad, de todos los economistas políticos, desde los fisiócratas hasta los reformadores de la Era Progresista [2].

La contienda política en las elecciones parlamentarias nacionales previstas para el próximo mes de octubre se librará, y por mucho, en torno del programa económico de desarrollo Renovación Letona, patrocinado por el Centro de la Armonía, la coalición de los partidos de izquierda. En la última reunión anual –29-30 de mayo de 2010—, los dirigentes del partido empezaron a trabajar, a fin de concretar la alternativa sobredicha en leyes e iniciativas legislativas y de trazar el mapa del valor del suelo letón.

NOTAS T.:
[1] Siguiendo un uso idiosincrático de la palabra “liberalismo” en los EEUU de la segunda mitad del siglo XX, Hudson habla aquí de “liberalismo original”. En Europa y en América Latina, en cambio, la palabra “liberalismo” sigue refiriendo a un fenómeno político antidemocrático del siglo XIX (la palabra se inventó en la España de 1812), y apunta al desempeño de partidos –los partidos “liberales”—, activos sólo bajo monarquías meramente constitucionales –no parlamentarias, salvo, luego, la británica-, y desconocidos en regímenes republicanos como los de los EEUU, Francia y la Argentina. Así pues, hemos traducido a la europea
por “republicanismo original”.
[2] En EEUU se conoce por Era Progresista a la vigorosa reacción democrática de comienzos del siglo XX, que siguió a la Era de la Codicia posterior a la Guera Civil norteamericana, en la que campaban por sus respetos los famosos “barones ladrones” (Rockefeller, Vanderbilt, Stanford, etc.) y políticos como el presidente Rudolf Hayes, que llegó a declarar que su gobierno era de empresarios y para empresarios

Michael Hon trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Su dedicación a los problemas de las economías postsoviéticas, y especialmente la letona, le ha llevado a ser comisionado recientemente, por parte de la coalición de izquierda letona Centro de la Armonía, como economista jefe de la Reform Task Force Latvia, un think tank encargado de elaborar una política económica alternativa para ese país báltico. Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009).

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3480

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Hoy Grecia, mañana Estados Unidos

Counterpunch
Los “lobistas” financieros de Estados Unidos están tratando de utilizar la crisis griega como argumento para presionar a favor de un recorte del gasto público en la Seguridad Social y el programa Medicare. Es precisamente lo contrario de lo que están pidiendo los manifestantes griegos: que se suban los impuestos sobre el patrimonio y las actividades financieras y se reduzcan los que gravan la actividad laboral, y que se atiendan las reclamaciones de los trabajadores de dar prioridad financiera a las pensiones de jubilación sobre las peticiones de ayuda de los bancos de los cientos de miles de millones de dólares invertidos en préstamos basura que hoy no valen nada.

Llamemos al “rescate griego” por su nombre: un programa de rescate de activos en situación de riesgo de banqueros alemanes y de otros países europeos, así como de especuladores de todo el mundo. El dinero procede de otros Estados (principalmente del Tesoro alemán, con el consiguiente recorte del gasto interno en este país), los cuales han abierto una especie de cuenta corriente para que el Estado griego pueda pagar a los tenedores de bonos del país que los habían comprado a precios de saldo durante las últimas semanas. Éstos habrán hecho el negocio de su vida; y de igual modo se forrarán los compradores de cientos de miles de millones de dólares en títulos de cobertura por riesgos crediticios contra los bonos del Estado griego, así como los especuladores y los distintos jugadores del capitalismo de casino que hayan contratado seguros contra otros bonos europeos. (A su vez, quienes tengan que abonar estos seguros por riesgos crediticios van a necesitar que alguien les rescate, y así sucesivamente).

Esta ganancia inesperada va a salir del bolsillo de los contribuyentes (a la larga, de los ciudadanos griegos, y básicamente de los trabajadores griegos, puesto que los más ricos disfrutan de una fiscalidad muy favorable), que van a tener que devolver el préstamo otorgado por los Estados europeos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro estadounidense en punto a mitigar los efectos del sistema financiero depredador. El pago a los tenedores de bonos se está utilizando como excusa para recortar drásticamente los servicios públicos, las pensiones de jubilación y otros gastos del Estado griego. Sin duda constituirá un modelo a seguir para otros países que querrán imponer medidas similares de ajusto económica, a la vista del crecimiento de los déficits públicos que van de mal en peor por la disminución de la recaudación fiscal sobre un sector financiero que se ha enriquecido gracias a que la economía basura se ha trocado en política pública internacional. De modo que los banqueros apenas van a ver truncadas sus expectativas de ganancias para este año. Y para cuando el sistema entre quiebra ellos ya habrán invertido su dinero en activos seguros.

Los “lobistas” de la banca ya saben que el juego financiero ha llegado a su fin. Ahora están jugando a corto plazo. El objetivo del sector financiero es conseguir la mayor cantidad posible del dinero procedente del rescate y salir corriendo, con unos beneficios anuales lo suficientemente grandes como para poder exhibirlos de modo arrogante ante el resto de la sociedad cuando haya que empezar de cero nuevamente. Que se gaste menos en programas sociales significará que habrá más recursos disponibles para el rescate de los bancos, los cuales tienen deudas carentes de garantías que crecen exponencialmente y de las que jamás podrán hacerse cargo. Es inevitable que en una situación de quiebra bancaria los préstamos y las deudas acaben figurando en los libros contables como impagados.

Los trabajadores griegos aún no son tan pesimistas como para dejar de luchar. Su lucha permite esperar que el pueblo ejerza algún control sobre el Estado (algo que son incapaces de entender sus homónimos estadounidenses). Si los trabajadores –el demos– flaquean en su espíritu combativo, el poder público acabará permitiendo que sean los prestamistas extranjeros los que, por defecto, dicten la política pública a seguir. Y cuanto más se satisfagan los intereses de los banqueros más endeudada va a acabar la economía. Sus beneficios provienen de los sacrificios y la austeridad del propio país. Los recursos previstos para las pensiones de jubilación y para el gasto social estatal de Grecia van a servir ahora para reponer fondos en los bancos de capital alemanes y de otros países europeos.

Esta forma de entender el mundo ya había tenido su expresión en la periferia europea más septentrional, en la que se ha aplicado el tipo de masoquismo fiscal que los bancos desearían ver en Grecia. Si reconocieran lo que de veras les ocurrió, los Estados bálticos estarían a la vez celosos y resentidos al ver cómo Grecia trata de salvar su economía, comparado con la situación que ellos vivieron de completa incapacidad para plantar cara a las arrogantes demandas de los países acreedores. “Visto desde el extremo más oriental de la Unión Europea, la senda de austeridad a la que se dirige Grecia nos suena a algo familiar”, escribe Nina Kolyako. “Durante al menos dos años los Estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia han recurrido reiteradamente a la aplicación de medidas draconianas, recortando severamente el gasto público y aumentando los impuestos para tratar de salir del agujero por sí mismos. El primer ministro lituano Andrius Kubilius ha declarado en una reciente entrevista a la agencia AFP: ‘Hemos aprendido de dolor, dificultad y eficacia la lección de que hay que prestar mucha atención a la situación fiscal de un país. Comprendimos muy bien que la vía de la consolidación fiscal era la única posible si queríamos sobrevivir'”.

Al caer en un clásico síndrome de Estocolmo (literalmente, en este caso, en relación con los bancos suecos), el gobierno lituano se apretó el cinturón de un modo tan brutal que provocó que su Producto Interior Bruto disminuyera un 17 por ciento. Letonia sufrió una caída parecida. Los bálticos han recortado salvajemente el empleo y los salarios del sector público para acabar hundiéndose en la pobreza en vez de conseguir acercarse a los niveles de prosperidad de la Europa occidental (y a una fiscalidad progresiva que promoviera una clase media) que les prometieron cuando se independizaron de Rusia en 1991.

Cuando el Parlamento letón impuso medidas de ajuste en diciembre de 2008, las protestas populares de enero hicieron caer al gobierno (al igual que ocurriera en Islandia). Pero el resultado fue simplemente el de un nuevo “régimen de ocupación” neoliberal que actuó al dictado de intereses bancarios extranjeros. De modo que lo que se va extendiendo es una “guerra social” a escala global; no es la guerra de clases imaginada en el siglo XIX, sino una guerra del sector financiero contra economías enteras, contra la industria, contra los bienes raíces y los Estados, y sobre todo contra los trabajadores. Está ocurriendo al ritmo lento en el que suelen producirse las grandes transiciones históricas. Pero, al igual que ocurre en los conflictos bélicos, cada batalla se nos aparece como algo que se desarrolla a un ritmo frenético y en la que las embestidas salvajes provocan fluctuaciones rápidas y desconcertantes en las bolsas de todo el mundo y en los tipos de cambio monetarios.

Todas éstas son noticias realmente buenas para los que negocian valores por vía telemática. En estos días en los que los mercados financieros han sido zarandeados en todas direcciones por las enormes oleadas de crédito generadas por las tormentas generalizadas en un planeta financieramente sobrecalentado, en promedio los valores y las obligacione
s sólo se han mantenido unos pocos segundos en las mismas manos.

Lo que sigue: la distopía económica

La crisis griega muestra cuánto ha cambiado la “idea de Europa” desde que en 1957 seis de sus miembros crearan la Comunidad Económica Europea (CEE). A instancias de Estados Unidos, Gran Bretaña y Escandinavia se creó la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), supuestamente rival de la CEE. Recuérdese que la principal promesa del proyecto europeo –al menos antes de Maastricht y Lisboa– era la de conseguir que los trabajadores alcanzaran la prosperidad de la clase media; nada que ver con la imposición actual de programas de ajuste propios del FMI que han devastado a los países del Tercer Mundo. El mensaje lanzado a los países endeudados está claro: “Moríos”. Y, con el fin de apuntalar el Consenso de Washington –la guerra de clases del sector financiero contra los trabajadores y la industria–, estos países obedientemente se suicidan económicamente.

Se está transfiriendo el poder político, social, fiscal y económico al aparato burocrático de la Unión Europea y a sus controladores financieros del Banco Central Europeo (BCE), así como al FMI, cuyos planes de ajuste estructural contra los trabajadores abocan a los gobiernos a liquidar el dominio público, la riqueza del suelo y del subsuelo y las empresas públicas, y a comprometerse a aplicar futuros gravámenes que permitan saldar las deudas contraídas con los países acreedores. Desde el otoño de 2008, ya se ha impuesto esta política en la “nueva Europa” (las economías postsoviéticas e Islandia). Ahora se va a exigir su aplicación en Portugal, Irlanda, Italia, Gracia y España. ¡Que a nadie le extrañe si surgen protestas por doquier!

Para aquellos observadores que no prestaron suficiente atención a lo ocurrido en Islandia y Letonia el pasado año, es bueno que sepan que Grecia es el nuevo y más importante campo de batalla de nuestros días. Islandia y los países bálticos al menos tienen la opción de redenominar los créditos en su propia moneda, realizar los apuntes de sus deudas exteriores según su criterio y gravar fiscalmente la propiedad para recuperar para el Estado los beneficios que se les habían prometido a los banqueros extranjeros. Pero Grecia está encerrada en la unión monetaria europea, la cual está gobernada por cargos financieros no elegidos mediante voto popular y que han invertido el significado histórico de la democracia. En lugar de que el sector económico más importante –el financiero– esté sujeto a la política electoralmente legitimada, los bancos centrales (los “lobistas” nombrados por los banqueros comerciales y de inversión) se han independizado de los controles políticos.

Los más derechistas de Europa y Estados Unidos (como el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke) llaman a esto un “hito de la democracia”. Más bien se trata de un jalón de la oligarquía, que ha conseguido eliminar el control sobre la asignación del crédito en la economía –y, en el mismo viaje, la capacidad de planificación pública futura–, a la vez que ha otorgado a las grandes finanzas un poder determinante sobre los programas de gasto público.

Islandia, Letonia y Grecia constituyen las primeras salvas de aviso en el proyecto de involución del gran programa de reforma democrática del siglo XIX y de la Era Progresista: fiscalidad sobre la tierra y sobre la “revalorización sin esfuerzo alguno por parte del propietario” de los beneficios procedentes de los bienes raíces, los bonos y la renta variable, así como la subordinación del sector financiero a las necesidades de un crecimiento económico gobernado democráticamente. Esta doctrina tuvo su continuación en la etapa posterior a 1945, con una la fiscalidad progresiva que permitió ver los mayores incrementos del nivel de vida y de la actividad económica en todo el siglo XX. Pero desde 1980 la mayoría de países han modificado radicalmente su senda fiscal. Los recaudadores fiscales “liberaron” los ingresos de sus obligaciones públicas a partir de la idea de que así se facilitaría que los bancos concedieran más créditos, lo que a su vez permitiría aumentar la liquidez para facilitar la adquisición de propiedades.

Las casas, los edificios de oficinas y las empresas tienen un valor ligado a la disposición de los bancos a prestar dinero. De modo que las gentes en general (y los salteadores empresariales en particular) han reaccionado a la política de revisión fiscal pro financiera solicitando créditos para comprar casas (y empresas), a menudo yendo más allá de sus posibilidades. Y para pagar la deuda pública resultante del incremento de la inflación y de la ruina financiera que han causado los recortes en los impuestos sobre el patrimonio, la solución ha consistido en aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores. Ésta es la causa de la deuda pública de los países. Los Estados se han endeudado como resultado de disminuir las cargar impositivas sobre los más ricos, no sólo sobre los bienes inmuebles.

Al haber seguido la misma línea de los países occidentales de rebajar la fiscalidad sobre el patrimonio y de aumentar la carga sobre los trabajadores durante los últimos decenios, el gobierno griego no puede o no quiere aumentar los impuestos a los ricos, ni siquiera a los profesionales liberales acomodados. Pero los neoliberales acusan al Estado griego y a los demás países deudores de no haber vendido suficientes empresas y suelo públicos para cubrir las deudas. La deducción de impuestos sobre los intereses ha hecho que las privatizaciones realizadas a crédito estén exentas de tributación, de modo que los Estados perderán el derecho a las compensaciones que recibían por el uso de sus bienes (a la vez que los ciudadanos pagarán “peajes” más caros para acceder a los servicios públicos).

Al igual que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, los griegos han emitido bonos para financiar el déficit resultante de estas rebajas fiscales. Los compradores de los bonos (principalmente bancos alemanes) exigen que los trabajadores griegos (y ahora también los contribuyentes alemanes) paguen de sus bolsillos los déficits originados por los recortes impositivos. El resultado es que los bancos, y demás tenedores de bonos, alemanes y de otros países europeos cobrarán lo que se les debe a costa de la aplicación de drásticos recortes en las pensiones y en los gastos sociales (e incluso mediante una mayor privatización de bienes públicos, malvendidos éstos a unos precios subordinados a una necesidad acuciante).

Las protestas callejeras ocurridas en Grecia han estallado porque los trabajadores han entendido algo que va más allá de la percepción de cierto periodismo que trata el asunto como una confrontación episódica. Los salarios reales hace tiempo que han disminuido (en Estados Unidos se frenaron en seco alrededor de 1979). El acceso de muchos ciudadanos a la propiedad inmobiliaria sólo ha sido posible mediante la aceptación de créditos hipotecarios vitalicios. Y las economías postsoviéticas conquistaron su libertad política de Rusia al precio de ser hoy insolventes, dependiendo por completo de los dictados del FMI y la Unión Europea en punto a obtener créditos que les permitan hacer frente a las deudas contraídas con banqueros extranjeros, que a su vez han impuesto fuertes cargas crediticias sobre sus viviendas, empresas públicas, industria y familias.

Los tenedores de bonos y los especuladores financieros se han confabulado para exigir el apoyo de la Unión Europea, el FMI y Estados Unidos para la rápida obtención de los beneficios que consideran que les cor
responden antes de que se colapse la competición financiera. La apropiación rapaz puede realizarse con más rapidez mediante la política de adelgazamiento de las economías a través de la fórmula de los planes de ajuste del FMI. El desempleo aumenta a la misma velocidad con la que las economías se endeudan (y el asunto importante no es sólo que todo ello lleve a una disminución de los ingresos fiscales de cada país, sino que la deuda extranjera provoca un a to de la dependencia de las importaciones).

Los acreedores reciben lo que se les debe permitiendo que se apropien del excedente económico; esta apropiación puede tomar la forma de endeudamiento por nuevas inversiones de capital, inversión en infraestructuras, gasto público social y aumento de los niveles de vida. Económicamente, la asonada griega es una revuelta contra esta política de sacrificar la prosperidad para pagar a los acreedores extranjeros.

En lo político, la lucha consiste en salvar a Grecia de convertirse en un anti-Estado. La definición clásica de “Estado” se fundamenta en la capacidad del mismo para fijar impuestos y emitir moneda. Pero Grecia ha traspasado su autoridad fiscal a la Unión Europea y al FMI, los cuales han acusado al país de violar aquéllo que los teóricos políticos establecen como el primer mandato de cualquier Estado: actuar a favor del interés nacional a largo plazo. El Gobierno griego se conduce a las órdenes del capital bancario y, de hecho, actúa siguiendo la pauta de terceros Estados que le obligan a liquidar activos, lo cual no redunda precisamente en una promoción del crecimiento a largo plazo.

Lo que realmente está en cuestión aquí es si en el momento de recoger los beneficios del crecimiento económico los países estarán gobernados por los acreedores o lo estarán por la voluntad popular. El embate oligárquico de los créditos del FMI y la Unión Europea destinados a rescatar a los bancos extranjeros y a los especuladores tenedores de bonos a costa de los trabajadores griegos (los supuestos futuros contribuyentes) tienen como objetivo que sean precisamente los trabajadores, y no el capital financiero, quienes tengan que hacer frente a las pérdidas por las atrasos del Gobierno en el pago de la deuda a causa de la reducción de los impuestos que gravaban la riqueza. Se trata de permitir que los bancos extranjeros eviten tener que pagar el precio de aparecer como protagonistas en la operación de vaciado del mercado interior. Se pretende apartar la política gubernamental de las manos de los votantes y subordinarla al FMI y la Unión Europea, que a su vez actúan como instrumentos del sistema financiero internacional.

Esto lleva a una situación en la que ni Grecia ni la Comisión Europea son propiamente “estados” o “gobiernos” en el sentido político tradicional. Las burocracias de la Unión Europea y del FMI no pasan la prueba de una elección popular. Cuando sus planes financieros al dictado de terceros alcancen el éxito que ellos pretenden, el capital económico habrá sido irremisiblemente saqueado y la democracia social se desmoronará.

El pasado domingo 9 de mayo los votantes alemanes expresaron su irritación por el papel jugado por su Gobierno en el rescate de los bancos alemanes (calificado con el eufemismo de rescate de “Grecia”) a costa de los contribuyentes alemanes; el Banco Central Europeo (BCE) no se ocupa de velar para que haya una moneda europea independiente, sino de pasar factura a los gobiernos estatales. Los socialdemócratas (SPD) superaron al partido de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel en el land de Renania del Norte-Westfalia. Al obtener sólo un tercio de los votos –algo menos que los socialdemócratas (y diez puntos porcentuales por debajo de la anterior elección, cuatro de los cuales correspondieron a la semana en la que la señora Merkel propuso el paquete de rescate)–, la CDU perdió su mayoría en la Cámara Alta alemana.

Puede que muchos votantes alemanes se preguntaran si penalizar a los pobres para pagar a unos ricos que practican la usura era algo tan “cristiano” como pregonan las siglas del partido de la canciller. O puede que estuvieran seriamente preocupados por el hecho de que la hacienda pública alemana deba aportar cerca de 30.000 millones de dólares de su parte del rescate a los banqueros (se calla por sabido que no todo el mundo en Alemania siente aprecio por ellos, aunque sean alemanes). Y no cabe duda de que algunos ciudadanos cayeron en la cuenta de que se trataba de una jugada consistente en un engaño financiero perpetrado por obedientes políticos a las órdenes del sector bancario.

El engaño

Los “lobistas” financieros europeos sacaron provecho de la crisis al tomarla como una oportunidad para promover una extensa serie de rescates. La Unión Europea aprobó una ampliación de 60.000 millones de euros de las facilidades de crédito para bancos suecos y austriacos, unas disposiciones que ya estaban habilitadas para ayudar a que Hungría, Rumanía y Letonia pudieran seguir al corriente de los pagos de las deudas contraídas con bancos, precisamente, austriacos y suecos. Para sortear la norma que prohíbe los rescates en la eurozona, este rescate especial se basa en el artículo 122.2 del Tratado de la Unión Europea, el cual permite el otorgamiento de préstamos a los Estados en “circunstancias especiales” [1].

Si consideramos que la señora Merkel conoce bien la situación de las economías de las que hemos hablado, entonces no tenemos más remedio que acusarla de haber mentido descaradamente. El problema de la deuda báltica es crónico y estructural, no “excepcional”. La señora Merkel también debe saber que está actuando de forma engañosa al pretender ayudar a Letonia mediante la extensión de los créditos que la Unión Europea limita explícitamente al apoyo del tipo cambio del lats, y en cambio los prohíbe para fomentar el desarrollo económico interno de los países. Las divisas van destinadas a cubrir el coste que los letones deben soportar por pagar en euros las hipotecas contratadas con los bancos suecos, así como para ayudar a los consumidores letones a comprar comida y productos manufacturados que los Estados de la Unión Europea subsidian, a la vez que someten a los letones a un estado de dependencia económica y financiera.

De esta manera, lo que se consigue es victimizar a Letonia, no ayudarla. Se trata de permitir que los bancos suecos ganen algo más de tiempo para seguir cobrando las liquidaciones de créditos que es obvio que en condiciones normales acabarían impagados. Las divisas dedicadas a facilitar el pago de deudas privadas a bancos extranjeros se convierten así en deuda nacional que recaerá sobre los contribuyentes letones. Esta forma de crédito de la Unión Europea es una expresión descarnada de neocolonialismo.
¿Permitirá hacer algo el tardío trasvase de votos de los ciudadanos alemanes hacia la coalición rojiverde del SPD con los partidos Verde y de la Izquierda? Probablemente no. El presidente griego Papandreu ha sido un colaborador necesario con lo sucedido a pesar de liderar la Internacional Socialista. De modo que ahora la cuestión es saber si Grecia es víctima de un jaque mate y está irremisiblemente destinada a detenerse a ver cómo el gasto público, las pensiones, la sanidad, la educación y el nivel de vida sufren un deterioro parecido al que han vivido los bálticos. Éstos se han convertido en un experimento de la planificación centralizada neoliberal. Si son un ejemplo de lo que nos deparará el futuro, entonces el mundo pronto verá una oleada de emigración griega parecida a la ocurrida en los países bálticos.

Evidentemente, esto es lo que anti
ciparon los mercados bursátiles de todo el mundo cuando en la mañana del lunes dispararon sus cotizaciones ante el anuncio europeo de un fondo para rescates de 750.000 millones de euros. Lo que verdaderamente se garantizó con esa acción fue el principio de que para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las economías. Pero no cabe duda de que la batalla no ha terminado. Esta situación persistirá durante toda la presente década, puesto que el actual proceso consiste básicamente en una involución de las luchas de los siglos XIX y XX por substituir el poder omnímodo de la propiedad privada oligopólica y los intereses financieros por principios de fiscalidad progresiva y empresa pública.
¿Es en esto en lo que supuestamente la civilización occidental ejercía su liderazgo? Enfrentados a los Parlamentos controlados por la aristocracia, los reformistas del siglo XIX trataron de tomar el poder para implantar principios democráticos. La economía política clásica consistió básicamente en un programa de reforma destinado a gravar fiscalmente los beneficios privados de las rentas de la tierra, las rentas monopolistas y los intereses financieros derivados de las mismas. John Maynard Keynes celebró este programa reformista calificándolo sobriamente como la “eutanasia del rentista”.

Pero los intereses creados regresaron con fuerza. Al rotular a la democracia social y la regulación pública como un “camino a la servidumbre”, trataron de situar a las economías europeas en el camino de la deuda por peonaje. Al dictaminar la limitación del poder de los gobiernos estatales democráticamente elegidos en beneficio del Consenso de Washington, tanto el FMI como las instituciones de la Unión Europea han ganado capacidad de control fiscal y económico sobre esos gobiernos y sobre sus políticas fiscales, logrando así recortar drásticamente los impuestos sobre los más ricos (a quienes les piden prestado para financiar los déficits fiscales resultantes).

Los partidarios del Tea Party estadounidense y los contrarios al pago de impuestos han abandonado la lucha por reformar el Estado. Asfixiados por una deuda de la que no ven salida, lo que piden son impuestos menos gravosos y esperan ver que los que más ganan sean los que más provecho saquen de una fiscalidad aún más regresiva. Enfrentados a un Congreso corrompido por los “lobistas” que actúan de parte de los intereses creados, rechazan la idea misma de Estado y buscan refugio en comunidades locales bunquerizadas. Ven cómo los congresos y parlamentos de los países de todo el mundo van perdiendo autonomía a favor del FMI, la Unión Europea y otras organizaciones surgidas del Consenso de Washington, que buscan imponer medidas de ajuste y trasladar las cargas fiscales a los trabajadores y la industria, liberando de las mismas al patrimonio privado y al sistema financiero depredador.

La única forma de impedir una reforma fiscal regresiva y una asfixia por deudas es mediante la consecución de mayores niveles de control sobre los Estados sobre la base de los principios de la economía clásica y de las reformas de la Era Progresista. Para esto es para lo que se han declarado en rebeldía los trabajadores griegos. Alguien debe controlar al Estado, y no cabe duda de que si las fuerzas democráticas se retiran de la lucha, entonces el sector financiero estrechará aún más su cerco.

Lo ocurrido la semana pasado es sólo el principio de por dónde discurrirá este drama. Su peculiar desarrollo en las economías postsoviéticas, que han seguido manteniendo sus propias monedas, se verá en los próximos verano y otoño.

Notas
[1] Ben Hall, “Governments to control loan guarantee scheme”, Financial Times, 10 de mayo de 2010.

Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009).

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Hacia la servidumbre por deudas: el desastre de Bernanke

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Llega la deflación por sobreendeudamiento

Las informaciones económicas de los medios de comunicación entrenados en poner al mal tiempo buena cara recogen con su sesgo positivo habitual las estadísticas de deflación por sobreendeudamiento dadas a conocer el pasado viernes [26 de junio]. Los NIPA (Commerce Department’s National Income and Product Accounts) de mayo muestran que los “ahorros” estadounidenses están absorbiendo ahora el 6,9% del ingreso.

Pongo la palabra “ahorros” entre comillas, porque este 6,9% no es lo que el grueso de la gente cree que son ahorros. No es dinero guardado en el banco para situaciones de emergencia, como perder el puesto de trabajo, algo que les ocurre a diario ahora a miles de personas. La estadística significa que el 6,9% del ingreso nacional está ahora inexorablemente destinado a satisfacer deudas: la mayor tasa de ahorro de los últimos 15 años, que contrasta vivamente con la tasa negativa de ahorro –que eso es lo que significaba vivir a crédito— de hace unos pocos años.(1) Esos ahorros son sólo “dinero en el banco” en el sentido de que son pagos realizados por los consumidores a sus bancos y a sus compañías de tarjetas de crédito.

El ingreso que se destina a satisfacer deudas no está disponible para ser gastado en bienes y servicios. Contribuye a encoger la economía, agravando la depresión. Así pues, ¿a qué tanta alegría con las buenas noticias del “ahorro”?

Desde luego que es buena cosa para los consumidores quitarse de encima las deudas. Pero los medios de comunicación están dando a este desvío del ingreso un tratamiento como si fuera un indicio de confianza en que la recesión está tocando a su fin y el plan de “estímulos” de Obama, funcionando. El Wall Street Journal informa de que los afiliados a la Seguridad Social que se benefician de los pagos directos del gobierno “parecen incapaces de gastar el dinero recibido”, mientras que en The New York Times se observa que “mucha gente guarda el dinero, en vez de gastarlo”. Es como si la gente pudiera permitirse un mayor ahorro.

La verdad es que el grueso de los consumidores no tienen otra opción que la de satisfacer sus deudas. Incapaces de seguir endeudándose a medida que los bancos cortan las líneas de crédito, no tienen otra “opción” que la de pagar su hipoteca y las facturas de su tarjeta de crédito cada mes, o perder sus hogares y ver drásticamente recortado su margen de maniobra con las tarjetas de crédito, con unas penalizaciones en forma de tasas de interés rayanas en el 20%. Para evitar semejante destino, las familias se están echando al consumo de alimentos más baratos y menos nutritivos, comiendo menos o acudiendo a restaurantes de comida rápida, y recortando o suprimiendo el gasto de las vacaciones. De modo que parece contradictorio aplaudir esos “ahorros” (es decir, la devolución de dinero adeudado) estadísticamente registrados como si se tratara de un indicio de que la economía puede salir de la depresión en los próximos meses. Acercándose el desempleo a una tasa del 10% y con anuncios de despidos una semana tras otra, ¿no está asumiendo riesgos demasiado altos la administración Obama al decirles a sus electores que el plan de estímulos está funcionando? ¿Qué pensará la gente este próximo invierno, cuando los mercados sigan encogiéndose? ¿Qué espesor tiene la película de Teflon de Obama?

Entre los desechos de la burbuja de Greenspan

Hace sólo dos años los consumidores compraban tantos bienes a crédito, que la tasa nacional de ahorro era cero. La financiación del presupuesto público estadounidense mediante el reciclaje, por parte de bancos centrales extranjeros, de los dólares del déficit de la balanza de pagos lo que produjo realmente fue una tasa negativa de ahorro del menos 2 por ciento. Mientras duró esa burbuja, los ahorros del 10% más rico de la población encontraron su contrapartida en la deuda en que incurrió el 90% de la población con menos ingresos. En efecto, los ricos prestaban sus ingresos excedentes a una economía más y más endeudada.

Hoy, los propietarios de vivienda no pueden ya seguir refinanciando sus hipotecas para compensar unos salarios más y más reducidos por la vía de tomar prestado con el colateral de unos precios inmobiliarios que no dejaban de crecer. Ha llegado la hora de devolver el dinero tomado a préstamo, de satisfacer unas deudas bancarias, cuyo volumen se ha hinchado al punto de incluir acrecidos cargos por intereses y penalizaciones. El préstamo bancario solicitado ahora choca con la presente limitación de la actividad bancaria a pasar el rastrillo por la amortización y los intereses sobre las hipotecas existentes, las tarjetas de crédito y los préstamos personales.

Muchas familias sólo consiguen mantenerse financieramente a flote por la vía de tirar de sus ahorros personales y recortar sus gastos a fin de evitar la bancarrota. Ese desvío del ingreso hacia la satisfacción de las deudas contraídas explica por qué el volumen de las ventas al detalle, de las ventas de automóviles y otras cifras de estadísticas comerciales se están desplomando casi en picado, mientras que las tasas de desempleo se disparan a niveles de dos dígitos. La capacidad del grueso de la gente para gastar a los ritmos de antes ha tocado techo. Un mismo ingreso no puede usarse para dos propósitos distintos. No puede usarse para satisfacer deudas y, al mismo tiempo, para gastarlo en bienes y servicios. Una de dos. Así que cada vez más superficies y centros comerciales cierran cada mes. Y a diferencia de los propietarios de vivienda, los inversores en propiedad inmobiliaria absentista tienen pocas posibilidades de deshacerse de la propiedad y escapar a una situación de quiebra técnica dimanante de la caída del valor de sus activos (cuando lo que se debe a los acreedores es más de lo que vale la propiedad hipotecada).

Más de dos tercios de la población estadounidense son propietarios de vivienda, y los economistas especializados en bienes raíces estiman que cerca de una cuarta parte de los hogares norteamericanos se hallan ahora en situación de quiebra técnica, en la medida en que los precios de mercado de los activos inmobiliarios caen por debajo de las hipotecas asociadas a esos activos. Esa es la situación en que se encontraron Citigroup y AIG el año pasado, como muchas otras instituciones de Wall Street. Pero, mientras que el gobierno resolvió absorber las pérdidas de esas instituciones “para lograr que la economía volviera a ponerse en marcha” (o lo hicieran, cuando menos, los mayores contribuyentes a las campañas electorales de los congresistas), quienes tienen deudas personales distan por mucho de hallarse en posiciones tan ventajosas. El papel que se les ha asignado es el de ayudar a reflotar los bancos satisfaciendo las deudas que con esos bancos contrajeron a fin de mantener unos niveles adquisitivos que los menguantes o estancados salarios no eran ya capaces de mantener.

Por su parte, los bancos están endureciendo las limitaciones al uso de las tarjetas de crédito, incrementando los intereses y los cargos y penalizaciones. (Yo no veo muchas posibilidades de que el Congreso apruebe la creación –promovida por Obama a modo de compensación por su reciente programa de rescates bancarios— de una Agencia de Productos Financieros de los Consumidores.) El problema es que las tasas de morosidad están creciendo rápidamente. Y eso ha llevado a muchos bancos a cerrar tratos con sus clientes más endeudados, a fin de cuadrar cuentas hasta por la mitad del monto nominal de la deuda (buena parte del cual, huelga decirlo, había crecido como consecuencia de cargos y penalizaciones). Los
bancos compiten ahora, no para ganar clientes, sino para librarse de ellos. El plan consiste en ofrecer descuentos lo suficientemente poco atractivos como para hacer que los peores riesgos pasen a bancos rivales y que éstos carguen con la morosidad cuando, finalmente, abandonen la lucha para mantenerse en niveles de solvencia.

Los billones de dólares con que la administración Obama ha obsequiado a Wall Street habrían bastado para sufragar buena parte de las hipotecas que ahora se hallan en situación morosa, unas hipotecas que rebasan con mucho la capacidad de pago de muchos deudores. El gobierno habría podido aprobar una ley que limpiara esas deudas, financiando la medida con la reintroducción de una fiscalidad progresiva que restaurara los impuestos sobre las ganancias de capital con tipos marginales iguales a los que gravan los ingresos ganados (salarios y beneficios empresariales) y sellando los resquicios fiscales que, en la práctica, liberan de impuestos al sector de las finanzas, las aseguradoras y los bienes raíces [FIRE, por sus siglas en inglés]. En cambio, lo que ha hecho el gobierno es eximir prácticamente de impuestos a Wall Street y trocar bonos del Tesoro por billones de dólares de hipotecas basura y deuda tóxica. Las perspectivas de un crecimiento económico “real” son sacrificadas en el altar de los gastos financieros.

Los bancos y las compañías de tarjetas de crédito se preparan para el encogimiento económico. Después de todo, fue anticipándose a eso que, a partir de 1998, presionaron tanto para conseguir lo que finalmente consiguieron en 2005 con unas leyes de quiebra tan favorables a los acreedores y tan crueles para los deudores que convertían a la quiebra personal en un verdadero infierno económico y jurídico.

Así pues, y para evitar ese destino, lo que está haciendo la gente es desviar dinero, pero no para ponerlo en cuentas de ahorro. Lo depositan, efectivamente, en los bancos, pero en forma de pago de deudas. Para los contables que repasan balances los ahorros representan un incremento de valor neto. En otros tiempos, eso era el resultado de una formación de fondos líquidos. Pero el dinero que se ahorra ahora no está disponible para el gasto. Sirve sólo para reducir la carga de la deuda soportada por los individuos. A diferencia de Citigroup, [la aseguradora] AIG y otras instituciones de Wall Street, esos individuos no ven desaparecer sus deudas de los libros contables. El gobierno no es lo bastante amigable como para comprarles unas inversiones que han perdido la mitad de su valor en un año. Tales rescates se reservan para los acreedores y para los gestores de dinero, no para los deudores.

La historia que deberían estar contando los medios de comunicación es ésta: cómo la actual economía posburbuja ha vuelto del revés la noción de ahorro.

No es esto lo que la gente esperaba hace medio siglo. Los economistas escribían entonces sobre los aumentos de productividad que generaría la tecnología, sobre las condiciones casi utópicas en que viviría la gente en el año 2000. Es preciso reescribir los libros de texto.

La eversión de la teoría económica keynesiana

La mayoría de personas y de empresas salieron de la II Guerra Mundial, en 1945, prácticamente libres de deuda y sometidas a un régimen fiscal progresivo. Los economistas anticipaban –en realidad, temían— que unos ingresos crecientes llevarían a unas tasas de ahorro más elevadas. El punto de vista más influyente fue el de John Maynard Keynes. Enfrentado a los problemas planteados por la Gran Depresión, Keynes advirtió en 1936, en su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, de que la gente ahorraría relativamente más a medida que crecieran sus ingresos. De lo que se seguiría un descenso del gasto en bienes de consumo y la consiguiente ralentización del crecimiento de los mercados, y por ende, de la inversión y del empleo.

Desde esa perspectiva, la propensión al ahorro a partir salarios y beneficios desviaría el flujo circular de pagos entre productores y consumidores. El principal nubarrón divisable en el horizonte, según temían los keynesianos, era que la gente llegara a tal grado de prosperidad, que no gastara su dinero. Su receta para evitar tal subconsumo era que las economías se movieran en la dirección de un mayor ocio y de una distribución más equitativa del ingreso,

Las actuales dinámicas del ahorro –y de la grávida deuda en que se invierten los ahorros— son harto distintas –y harto peores— que las esperadas por Keynes. El grueso de los ahorros financieros se destina al préstamo, no a la formación de capital tangible y a la industria. El grueso de la nueva inversión en bienes y estructuras de capital tangible procede de ingresos empresariales retenidos, no de ahorros que pasen por intermediarios financieros. En tales circunstancias, mayores tasas de ahorro reflejan mayor endeudamiento. Por eso la tasa de ahorro ha llegado a caer al nivel cero. Una proporción creciente del ahorro tiene ahora su contrapartida en el endeudamiento de otras personas; no se usa para financiar nuevas inversiones directas.

Cada nueva recuperación de ciclo económico desde la II Guerra Mundial ha venido acompañada por una tasa de endeudamiento más elevada. Lo cierto es que el ahorro interfiere en el consumo, pero no como resultado de mayores ingresos y de una mayor prosperidad general. Una tasa creciente de ahorro refleja meramente el grado en que una economía subviene a sus gastos de endeudamiento. Es “ahorro” en forma de satisfacción de la deuda en una economía en proceso de encogimiento. El resultado es una distopía financiera, no la utopía tecnológica que parecía al alcance de la mano en 1945, hace sesenta y cinco años. En vez de una economía del ocio amiga del consumidor, lo que tenemos es servidumbre por deudas.

Para hacerse una idea de lo realmente opresiva que es la carga de la deuda, basta con observar que la actual tasa de ahorro de un 6,9% ni siquiera refleja el 16% de la economía que según el informe de la NIPA gira en torno al pago de intereses para sostener esa deuda, o las cargas penalizadoras que ahora reportan tanto como los intereses a las compañías de tarjetas de crédito (o los billones de dólares de los rescates gubernamentales destinados a mantener a flote este insostenible sistema). Cómo una economía puede aspirar a competir en los mercados globales de producción industrial con tamaño gasto financiero gravitando sobre el coste de la vida y cómo pueden hacerse negocios así, es asunto para tratado aparte.

NOTA: (1) Jack Healy, “As Incomes Rebound, Saving Hits Highest Rate in 15 Years,” The New York Times, 27 de junio de 2009.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.i
nfo: Mínima Estrella
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Lo último en teoría económica basura

Parece que las librerías andarán inundadas en el verano y el otoño próximos de textos encargados por los editores hace un año, cuando la economía estaba descarrilando. La estrategia de marketing preferida es la de ofrecer asesoramiento por parte de celebridades bien ubicadas en el núcleo del sistema sobre el modo de restaurar la feliz era 1981-2007, dominada por ganancias de precios resultantes de deuda apalancada en bienes raíces, acciones y títulos de obligaciones. Pero la Economía de la Burbuja estaba a tal punto apalancada en la deuda, que no es razonable esperar restauración ninguna.

Por ahora, se nos nutre con defensas, nacidas de Wall Street, del intento de Bush-Obama (es decir, de Paulson-Geithner) de rehinchar la burbuja con un obsequioso rescate que ha conseguido triplicar ya la deuda nacional estadounidense en la esperanza de lograr una remontada del crédito bancario (es decir, de aumentar la deuda). El problema es que el apalancamiento de la deuda es, precisamente, lo que causó el colapso económico. Se estima ahora que un tercio de los bienes raíces estadounidenses se halla en quiebra técnica, con una magnitud del volumen de ejecuciones hipotecarias todavía en aumento.

A la vista de esa estupefaciente tendencia financiera, al público consumidor de libros se le ofrecen unos aperitivos, conforme a los cuales la recuperación económica no precisaría sino de más “incentivos” (especialmente, recortes fiscales para los ricos) capaces de estimular un mayor “ahorro”, como si los ahorros fueran automáticamente capaces de financiar nuevas inversiones y nuevos préstamos de capital. No hay tal: lo que hay es dinero prestado, a fin de crear una mayor deuda para un 90% de la población endeudado con el 10% situado en la cúspide de la vida económica.

Tras cargarle le mochuelo a Alan Greenspan por su papel de “tonto útil” en la promoción de la desregulación y en el bloqueo de la investigación y persecución del fraude fiscal, el grueso de los autores se lanza ahora por los trillados caminos de las panaceas que gozan de mayor aplauso general: regulación federal de los derivados financieros (y aun proscripción de los mismos), una tasa Tobin para las transacciones de títulos de obligaciones, clausura de los centros bancarios radicados en oasis fiscales y erradicación de las estrategias fiscalmente evasoras de esos institutos bancarios. Nadie se avilanta a ir a la raíz del problema financiero, proponiendo remover la deductibilidad fiscal general de los intereses que han subsidiado el apalancamiento de la deuda, proponiendo gravar fiscalmente las ganancias de “capital” al mismo tipo marginal que los salarios y los beneficios, o proponiendo sellar las escandalosas brechas fiscales ahora abiertas a los sectores FIRE (finanzas, seguros y bienes raíces, por sus siglas en inglés).

Los editores derechistas reciclan las habituales panaceas –como ofrecer más incentivos fiscales a los “ahorradores (otro eufemismo para los regalos obsequiosos a las altas finanzas) y un presupuesto federal reequilibrado— para evitar el “efecto de expulsión” de las finanzas privadas [por parte del sector público]. El sueño de Wall Street es privatizar la seguridad social para empezar a crear otra burbuja. Afortunadamente, esas propuestas fracasaron ya durante la administración Bush controlada por los republicanos como consecuencia del choque de realidad experimentado en forma de cólera del contribuyente tras el estallido de la burbuja punto.com en 2000.

Nadie llama a financiar la Seguridad Social y Medicare a partir del presupuesto general, en vez de seguir manteniéndolas con recursos obtenidos a partir de unos impuestos particularmente regresivos sobre trabajadores y empresarios, a quienes el Congreso expolia a fin de financiar recortes fiscales para los segmentos más ricos de la población. Y sin embargo, ¿cómo pueden los EEUU lograr competitividad industrial en los mercados globales con estos impuestos pre-ahorro para la jubilación y con seguros privatizados de asistencia sanitaria, con costes inmobiliarios apalancados en la deuda y con los conexos gastos que acarrean las deudas personales y empresariales? El resto del mundo suministra a mucho menor coste vivienda, atención sanitaria y otros bienes complementarios del ingreso de los trabajadores (o, simplemente, mantiene al trabajo por encima de los niveles de susbsistencia). Es éste un problema de gran importancia, que se atraviesa en el camino de los sueños de restauración de la Economía de Burbuja. Pues esos sueños dejan de lado la dimensión internacional.

Y, ni que decir tiene, hay los tradicionales llamamientos a reconstruir las devastadas infraestructuras norteamericanas. Sólo que, ¡cáspita!, Wall Street planea hacer eso al estilo de Tony Blair, con cooperaciones público-privadas que inyectarían enormes flujos de servicio de intereses en la estructura de precios, al tiempo que proporcionarían a Wall Street crecidos honorarios en materia de gestión y de suscripción de seguros. Las caídas del empleo y del precio de la vivienda han disminuido a tal punto a las finanzas públicas, que la inversión en infraestructuras nuevas habrá de cobrar inevitablemente la forma de cabinas privatizados de peaje apostadas en los puntos de acceso más importantes a la economía, como son carreteras y otras vías de transporte público, la comunicación o el agua limpia.

No hay llamamientos a la restauración de los impuestos estatales y municipales a los niveles de la Era Progresista, cuando la presión fiscal estaba diseñada para que tributaran sobre todo las ganancias de “barra libre” procedentes de las rentas inmobiliarias, llegando esas ganancias a constituirse, con el tiempo, en la base fiscal principal. Restaurar eso ahora significaría presionar a la baja los precios de los terrenos (y por ende, de la deuda hipotecaria), previniendo que los acrecidos valores de emplazamiento sean capitalizados y fluyan a los bancos en forma de servicio de intereses. Y ofrecería la ventaja adicional de aligerar las cargas fiscales soportadas por los ingresos y las ventas (un tipo de política que incrementa el precio del trabajo, de los bienes y de los servicios). En cambio, el grueso de las reformas que se proponen hoy lo que hacen es llamar a ulteriores recortes de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, a fin de promover más “creación de riqueza” en forma de una inflación de los precios de esa propiedad estimulada por la deuda apalancada. La idea es dejar una mayor proporción de ingreso rentista para su capitalización en hipotecas aún más voluminosas, los intereses de las cuales irán a parar al sector financiero. En vez de caer el precio de la vivienda y de reducirse los impuestos al ingreso y a las ventas, lo que ocurrirá es que el crecido valor de emplazamiento de la propiedad inmobiliaria irá a parar a los bancos en forma de servicio de intereses, no a las autoridades fiscales locales. Lo que forzará a estas últimas a seguir desplazando la carga fiscal hacia consumidores y empresas.

No faltan en esta plétora de libros expuestos en vitrina los habituales llamamientos pro forma a reindustrializar Norteamérica. Pero ninguno apunta a la dinámica financiera deudora que ha socavado el capitalismo industrial, en este país y por doquiera. Con la perspectiva de una década, ¿cómo se verán retrospectivamente estas tímidas “reformas”? Lo que pretenden los rescates Bush-Obama es que los bancos “demasiado grandes para caer” se enfrentan únicamente a un problema de liquidez, no a un problema de mala deuda en el marco de una vida económica de morosida
d creciente. La razón de que no puedan volver a hincharse burbujas como las del pasado es que se ha llegado al límite de la deuda. Y no sólo a escala nacional: a escala internacional se ha llegado también al límite político de la hegemonía del dólar.
¿Qué omiten todos estos libros? Todo aquello sobre lo que realmente versa la teoría económica: los costos de la deuda; el fraude y el delito financieros (uno de los sectores más rentables de la vida económica); el gasto militar (clave para entender el déficit de la balanza de pagos estadounidense y, por lo mismo, para entender la formación de las reservas de dólares por parte de los bancos centrales en todo el mundo); la proliferación de ingresos no ganados, rentistas, y de los cabildeos políticos con información privilegiada. Porque son ésos, y no otros, los fenómenos que están en el núcleo de lo que está pasando: sin embargo, los apologetas del “libre mercado” y sus corifeos los han relegado a los sótanos “institucionalistas” del curriculum económico académico.

Por ejemplo, los periodistas no dejan de repetir como loritos el mensaje de Washington, según el cual los asiáticos “ahorran” demasiado, lo que sería la causa de que prestaran dinero a los EEUU. Pero los “asiáticos” que ahorran esos dólares son los bancos centrales. Los individuos y las empresas ahorran en yuanes y en yenes, no en dólares. Y no son esos ahorros nacionales los que China y Japón han colocado en los bonos del Tesoro norteamericano por valor de 3 billones de dólares. Es el gasto norteamericano, es decir: los billones de dólares que el déficit de su balanza de pagos está bombeando al mundo, el dinero que excede a la demanda exterior de las exportaciones estadounidenses y a las compras de empresas, acciones y bienes raíces norteamericanos. Este déficit de la balanza de pagos no es el resultado de que los consumidores norteamericanos apuren hasta el límite sus tarjetas de crédito. Lo que se pasa por alto es el gasto militar, que está en la base del déficit de la balanza de pagos norteamericana desde los tiempos de la Guerra de Corea. Es una tendencia que no puede seguir por mucho tiempo, ahora que los países extranjeros están comenzando a reaccionar.

En la medida en que el Banco Central chino es el mayor tenedor de bonos públicos estadounidenses y de otros títulos denominados en dólares, se ha convertido en el principal financiador del déficit de la balanza de pagos norteamericana (así como del déficit presupuestario del gobierno federal). La mitad del gasto discrecional a cuenta del presupuesto federal es de naturaleza militar. Eso sitúa a China en la desairada e incómoda posición de ser la principal fuente de financiación del aventurerismo militar estadounidense, incluidos los intentos de los últimos quince años por cercar militarmente a China y a Rusia, a fin de bloquear su desarrollo como rivales. No es eso lo que se proponía China, pero es el efecto de la hegemonía global del dólar.
Otra tendencia que no puede seguir es “milagro del interés compuesto”. Se llama “milagro” porque parece demasiado bueno como para ser verdad, y así es: no puede durar mucho tiempo. El endeudamiento muy apalancado termina siempre mal, pues incrementa los cargos por intereses más rápidamente de lo que la economía está en condiciones de pagarlos. Fundar la política nacional en el sueño ilusorio de servir intereses por la vía de tomar prestado dinero a cuenta de unos precios de activos más y más hinchados se ha convertido en una pesadilla para los compradores de vivienda y para los consumidores, así como para las empresas que se convirtieron en objetivo de los saqueadores financieros que se sirven de deuda apalancada para hacerse con activos. Y es esta política la que ahora se aplica a unas infraestructuras públicas en manos de propietarios absentistas que cargarán intereses sobre los nuevos precios de los servicios suministrados por ellos y a los que se permitirá dar a esos cargos de intereses un trato fiscal de gastos tributariamente deducibles. Los lobistas de la banca han conformado el sistema fiscal de modo tal, que deriva la nueva inversión absentista hacia la deuda, antes que hacia la financiación con capital.

Los animadores de la fiesta que aplaudieron la economía de la burbuja como “creación de riqueza” –por usar una de las locuciones favoritas de Alan Greenspan— querrían ahora hacernos creer a nosotros, su audiencia, que ya sabían que había un problema, sólo que, sencillamente, no pudieron frenar la “exuberancia irracional” y los “espíritus animales” de la economía. La idea es culpar a las víctimas: a los propietarios de vivienda, obligados e endeudarse para tener acceso a ella; a los ahorradores de los fondos de pensiones, obligados a confiar lo que lograron apartar de su salario a gestores financieros que operaban para las grandes firmas de Wall Street; y a los empresarios que buscaban defenderse de los saqueadores financieros de empresas, lo que les forzaba a tragar “amargas píldoras” en forma de deudas lo suficientemente crecidas como para bloquear una toma de control ajena. En vano se buscará un reconocimiento honrado del carácter mafioso progresivamente asumido por el sector financiero, harto más cercano a los cleptócratas postsoviéticos que gozaban de información privilegiada, que a innovadores schumpetarianos.

Los tomos posburbuja parten del supuesto de que, en lo que hace a los grandes problemas, hemos llegado al “fin de la historia”. Lo que les falta es una crítica de la imagen global: del punto hasta el que Wall Street ha llegado en la financiarización del dominio público para inaugurar una economía neofeudal de peajes, lo que ha llevado al extremo de una privatización del propio gobierno encabezada por el Tesoro y la Reserva Federal. Lo que se deja sin mención es la historia de cómo el capitalismo industrial ha sucumbido a un capitalismo financiero insaciable e insostenible, cuyo más reciente “estadio final” parece ser un capitalismo de juego de casino de suma cero, fundado en derivados financieros de cobertura [swaps] y en innovaciones especulativas de fondos hedge manejados entre amiguetes.

Lo que se ha perdido son las dos grandes reformas de la Era Progresista. La primera: la minimización de la barra libre a disposición de los ingresos rentistas no ganados (p.e., el privilegio monopólico y la privatización del dominio público, que son muy otra cosa que el propio trabajo y la propia empresa) por la vía de someter a cargas tributarias a la renta procedente de la propiedad absentista y a las ganancias (de “capital”) dimanantes de los precios de los activos. El objetivo de la justicia económica progresista era prevenir la explotación (lograda, por ejemplo, por la vía de cargar más de lo tecnológicamente necesario en los costes de producción y en los beneficios razonablemente exigibles). Ese objetivo tuvo un producto lateral fortuito, que hizo que la Era Progresista diera la impresión de que iba a conquistar el mundo de una manera evolutiva darwiniana: pues la minimización de la barra libre rentista de los ingresos no ganados permitió a países como los EEUU competir con éxito y avanzar por encima de otros países que no pusieron por obra políticas fiscales y financieras progresistas.

Un segundo objetivo de la Era Progresista fue el de obligar al sector financiero a financiar la formación de capital. El crédito industrial se logró de manera óptima en Alemania y en la Europa central en las décadas anteriores a la I Guerra Mundial. Pero la victoria aliada trajo consigo el dominio de las prácticas bancarias angloamericanas, basadas en el préstamo respaldado por la propiedad o
por flujos de ingresos ya existentes. La actual banca de crédito ha llegado a desacoplarse de la formación de capital, adoptando sobre todo la forma del crédito hipotecario (80 por ciento) y de préstamos garantizados por las acciones empresariales (para fusiones, adquisiciones y saqueos y tomas de control de otras empresas, así como con vistas a la especulac). El efecto de lo cual es la estimulación de la inflación de los precios de los activos en relación con el crédito de manera tal, que beneficia a unos pocos a expensas del conjunto de la economía.

El problema que representa la inflación de los precios de los activos fundada en la deuda apalancada puede verse del modo más claro en el llamado “síndrome báltico” postsoviético, al que ahora está sucumbiendo la economía británica. Las deudas se contraen en moneda extranjera –hipotecas inmobiliarias en los países bálticos; fondos fiscalmente evadidos y fugas de capital en la Gran Bretaña—, sin la menor perspectiva, hasta donde puede alcanzarse, de que las exportaciones puedan llegar a cubrir los carrying charges (1). El resultado de lo cual es una trampa de liquidez: una austeridad crónica abatida sobre el mercado interno, que es causa de bajos niveles de inversión de capital y de bajos niveles de vida, sin esperanza de recuperación.

Esos problemas ilustran la medida en la que la economía mundial, en su conjunto, ha venido siguiendo un rumbo errado desde la I Guerra Mundial. Esta larga trayectoria desviada se vio facilitada por el fracaso del socialismo en punto a proporcionar una alternativa viable. Aun cuando el socialismo burocrático estalinista de Rusia consiguió librarse de la barra libre posfeudal de la renta de la tierra, de la renta monopólica y de las ganancias rentistas dimanantes de los intereses, de las finanzas y de los precios de las propiedades, lo cierto es que los gastos y costos generados por su burocracia terminaron lastrando de manera insoportable a su economía. Rusia cayó. La cuestión es si la rama angloamericana del capitalismo financiero seguirá el mismo camino como consecuencia de sus propias contradicciones internas.

Las debilidades de la economía norteamericana son tan difíciles de subsanar porque arraigan en el núcleo mismo de las economías posfeudales occidentales. Sobre eso versaba la tragedia griega: una debilidad trágica que condena al héroe. La principal debilidad arraigada en nuestra economía es que una deuda creciente, más allá de toda posibilidad de ser satisfecha, es parte de un problema de mayor alcance: la barra libre financiera de la que la propiedad inmobiliaria y los tenedores de títulos financieros extraen rentas que rebasan por mucho los costes correspondientes medidos en esfuerzo laboral o en una carga fiscal equitativamente compartida (la teoría clásica de la renta económica). Lo mismo que la incautación de tierras o que los cabildeos privatizadores con información privilegiada, esa riqueza puede transmitirse hereditariamente, puede robarse o puede obtenerse por la vía de la corrupción política. La riqueza y las rentas extraídas por la vía del actual capitalismo financiero eluden la tributación fiscal, con lo que reciben, encima, un subsidio fiscal que no reciben, en cambio, ni la inversión industrial tangible ni el beneficio derivado de la actividad empresarial operativa. Sin embargo, los académicos y los medios de comunicación populares tratan esos flujos centrales como “exógenos”, es decir, como si acontecieran fuera del ámbito del análisis económico propiamente dicho.

Desgraciadamente para nosotros –y para los reformadores que traten de acudir en rescate de nuestra economía posburbuja—, la historia del pensamiento económico ha sido reescrita hasta convertirla en una pueril caricatura, a fin de dar la impresión de que la actual teoría económica basura, demediada y grotescamente trivializada, es algo así como la culminación de la historia social de Occidente. Si sólo se atendiera a los debates presentes, nadie llegaría a percatarse de que en las dos últimas centurias ha prevalecido una pauta de razonamiento harto distinta. Los economistas clásicos distinguieron entre ingresos ganados (salarios y beneficios) e ingreso no ganado (renta de la tierra, renta monopólica e interés). Resultado de lo cual era la nítida distinción entre riqueza ganada a través del capital y la empresa, que refleja el esfuerzo del trabajo, y la riqueza no ganada, que viene de la apropiación de tierras o de otros recursos naturales, de privilegios monopólicos (incluidas la banca y la gestión del dinero) y de unas ganancias de “capital” fundadas en la inflación de los precios de los activos. Mas ni siquiera la Era Progresista fue demasiado lejos en punto a purgar al capitalismo industrial de las reminiscencias feudales: de la renta de la tierra y de la renta monopólica, procedentes de las conquistas militares, y de la explotación financiera ejercida por los bancos y (en Norteamérica) por Wall Street en calidad de “madre de los monopolios”.

Lo que hace distinta de las anteriores a la actual burbuja económica es que, esta vez, no ha sido generada por los gobiernos como una estratagema para organizar su deuda pública creando o privatizando monopolios y vendiéndolos pagaderos en bonos públicos. No; esta vez, los EEUU y otras naciones se endeudan más profundamente, simplemente, para poder subvenir a las pérdidas que los banqueros registraron con sus malos préstamos. En vez de que las finanzas se subordinen y se aproen a la promoción del crecimiento económico y de una economía viable con una estructura de costes más bajos, lo que se hace es, al revés, sacrificar toda la economía para compensar al sector financiero. En tales condiciones, el “ahorro” no es solución alguna para el presente encogimiento de la economía; es más bien parte del problema. A diferencia del acopio de recursos personales cautelosamente escondidos en casa de los días de Keynes, el problema ahora es el poder extractivo del sector financiero en su calidad de acreedor, lo que impide borrar la pizarra sacando de ella las partidas de mala deuda de la forma históricamente normal, es decir, mediante una oleada de quiebras.

Lo que pasa ahora mismo es que el sector financiero está sirviéndose de su opulencia (a costa del contribuyente) para ganar un poder político que le permite desviar aún más infraestructura pública de los estados federados y de los gobiernos municipales, y del dominio público federal a escala nacional. Y lo hace al estilo de Thatcher y Blair: vendiendo lo público a absentistas que lo compran a crédito para sacar buenos rendimientos de la deuda pública (mientras se recortan todavía más los impuestos a la riqueza). Nadie se acuerda ya del llamamiento de Keynes a practicar la “eutanasia del rentista”. Hemos entrado en la era rentista más opresiva desde los tiempos del feudalismo europeo. En vez de suministrar los servicios básicos de infraestructura a precio de coste, o aun subsidiado, para rebajar la estructura de costos nacional y hacer así a nuestra economía más barata –y más competitiva internacionalmente—, lo que se ha hecho es convertirla en una colección de cabinas de peaje. No puede, pues, sorprender demasiado que la episódica ola de libros postburbuja que nos invade este año se olvide de poner en ese contexto de largo plazo la financiarización de los EEUU y de la economía global.

NOTA T.: (1) Son los intereses cargados por el corredor en cuenta de margen, y representan el costo de almacenar un bien tangible físico, que consiste en interés sobre los fondos invert
idos, seguro, derechos por almacenaje y otros costos incidentales. Estos costos están usualmente reflejados en la diferencia entre los precios de futuros para diferentes meses de entrega. Cuando los precios de futuro por vencimientos postergados de contrato son más altos que para los vencimientos cercanos, es un mercado de intereses cargados por el corredor. Un mercado total de intereses cargados por el corredor reembolsa al dueño del bien tangible físico por su almacenamiento hasta la fecha de entrega.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Sin Permiso

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
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Lo que significa realmente "Nacionalizar los bancos" y "Libre mercado" en nuestro mundo de espejo. El lenguaje del saqueo

Las acciones de los bancos comenzaron a caer el viernes por la mañana después que el senador Dodd, el demócrata de Connecticut presidente del comité de la banca, dijo en una entrevista con Bloomberg Television que estaba preocupado de que el gobierno pudiera terminar por nacionalizar a algunos prestamistas por lo menos por un breve período.” Algunos otros destacados diseñadores de políticas – incluido Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, y el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur – se han hecho eco recientemente de ese punto de vista.”
–Eric Dash, “Growing Worry on Rescue Takes a Toll on Banks,” The New York Times, 20 de febrero de 2009
¿Cómo es posible que Alan Greenspan, el lobista de libre mercado para Wall Street, haya anunciado recientemente que favorece la nacionalización de los bancos de EE.UU. y por cierto sobre todo de los mayores y más poderosos? ¿Se ha vuelto rojo el antiguo discípulo de Ayn Rand? Seguro que no.

La respuesta es que la retórica de “libres mercados,” “nacionalización” e incluso “socialismo” (como en “socialización de las pérdidas”) ha sido convertida en el lenguaje del engaño para ayudar a que el sector financiero movilice el poder gubernamental para apoyar sus propios privilegios especiales. Después de haber debilitado la economía en general, los think tanks de relaciones públicas de Wall Street desmantelan ahora el lenguaje en sí.
¿Qué significa exactamente “libre mercado”? ¿Es lo que propugnaron los economistas clásicos – un mercado libre del poder monopolista, del fraude en los negocios, del abuso de información política confidencial y de privilegios para los intereses creados – un mercado protegido por el aumento de la regulación pública desde la ley Anti-Trust Sherman de 1890 a la Ley Glass-Steagall y otra legislación del Nuevo Trato? ¿O es un mercado libre para que depredadores exploten a sus víctimas sin regulación pública o policía económica – el tipo de mercado de todos contra todos que fue creado por la Reserva Federal y la SEC [Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU.] durante algo como la última década? Parece increíble que la gente deba aceptar actualmente la idea neoliberal de “libertad de mercado” en el sentido de castrar a los controles gubernamentales, al estilo de Alan Greenspan, permitiendo que Angelo Mozilo en Countrywide, Hank Greenberg en AIG, Bernie Madoff, Citibank, Bear Stearns y Lehman Brothers saqueen sin obstáculos o sanciones, arrojen a la economía a la crisis y que luego se utilice dinero de rescate del Tesoro para pagar los mayores salarios y bonificaciones de la historia de EE.UU.

También se toman términos que son la antítesis de “libre mercado” para convertirlos en lo contrario de lo que han significado históricamente. Por ejemplo en las discusiones actuales sobre la nacionalización de los bancos. Durante más de un siglo nacionalización ha significado la adquisición pública de monopolios u otros sectores para operarlos en función del interés público en lugar de abandonarlos en manos de intereses especiales. Pero cuando los neoliberales utilizan la palabra nacionalización” quieren decir un rescate, un regalo gubernamental a los intereses financieros.

El pensamiento doble y las ambigüedades respecto a la “nacionalización” o “socialización” de bancos y otros sectores son una travestía de la discusión política y económica desde el Siglo XVII hasta mediados del Siglo XX. La gramática básica del pensamiento de la sociedad, el vocabulario para discutir tópicos políticos y económicos está siendo dado vuelta por completo en un esfuerzo por evitar la discusión de las soluciones políticas planteadas por los economistas clásicos y los filósofos políticos que hicieron “occidental” a la civilización occidental.

El choque actual de las civilizaciones no es realmente con Oriente, es con nuestro propio pasado, con la propia Ilustración y su evolución hacia la economía política clásica y las reformas de la Era Progresista orientadas a liberar a la sociedad de los restos de las ataduras del feudalismo europeo. Lo que vemos ahora es propaganda orientada a engañar, a distraer la atención de la realidad económica a fin de promover la propiedad y los intereses financieros de cuyo control predatorio los economistas clásicos se propusieron liberar al mundo. Lo que se intenta es nada menos que destruir el edificio intelectual y moral desarrollado en ocho siglos por la civilización occidental, desde la discusión del precio justo por los escolásticos en el Siglo XII hasta la teoría clásica del valor económico de los Siglos XIX y XX.

Cualquier idea del “socialismo desde arriba”, en el sentido de “socializar el riesgo,” es oligarquía a la antigua – estatismo cleptocrático desde arriba. La nacionalización real ocurre cuando los gobiernos actúan en función del interés público para apropiarse de propiedad privada. El programa del Siglo XIX para nacionalizar la tierra (fue el punto principal del Manifiesto Comunista) no significó nada remotamente parecido a la apropiación por el gobierno de las propiedades, que pagara sus hipotecas con dineros públicos y que luego las devolviera a los antiguos terratenientes libres y limpias de gravámenes e impuestos. Significaba incorporar la tierra y sus ingresos de rentas al dominio público, y entregarlos en usufructo a un usuario por una participación del usuario que variaba del coste real de operación a una tasa subvencionada o incluso gratuitamente como en el caso de calles y caminos.
La nacionalización de los bancos siguiendo esas líneas significaría que el gobierno suministraría las necesidades crediticias de la nación. El Tesoro se convertiría en la fuente de nuevo dinero, reemplazando el crédito de los bancos comerciales. Presumiblemente ese crédito sería prestado para propósitos económica y socialmente productivos, no simplemente para inflar los precios de los activos mientras se abruma a hogares y negocios con deudas como ha ocurrido bajo las actuales políticas de préstamos bancarios.
Cómo los neoliberales falsifican la historia política de Occidente

El hecho de que los neoliberales de nuestros días afirmen que son descendientes intelectuales de Adam Smith requiere que se restaure una perspectiva histórica más exacta. Su concepto de “libres mercados” es la antítesis del de Smith. Es lo contrario del de economistas políticos clásicos desde John Stuart Mill, Karl Marx hasta las reformas de la Era Progresista que buscaron crear mercados libres de demandas rentistas extractivas por parte de intereses especiales cuyo poder institucional se remonta a la Europa medieval y su era de conquista militar.

Escritores económicos desde el Siglo XVI hasta el Siglo XX reconocieron que los libres mercados necesitan supervisión gubernamental para impedir fijación de precios por monopolios y otras cargas gravadas por privilegio especial. Al contrario, los ideólogos neoliberales de la actualidad son intercesores de relaciones públicas para intereses creados a fin de presentar a un “libre mercado” libre de regulación gubernamental, “libre” de protección anti-trust, e incluso de protección contra el fraude, como lo evidencia la negativa de la SEC de actuar contra Madoff, Enron, Citibank et al.). El ideal neoliberal de libres mercados es por lo tanto básicamente el de un ladrón de bancos o desfalcador, que desea un mundo sin policía a fin de estar suficientemente libre para apoderarse sin limitaciones del dinero de otros.

Los Chicago Boys en Chile comprendieron que los mercados libres para las finanzas depredadoras y la privatización basada en infor
mación confidencial sólo pueden ser impuestos por la fuerza de las armas. Esos libre-mercaderes clausuraron todos los departamentos de economía en Chile, todos los departamentos de ciencias sociales fuera del de la Universidad Católica donde predominaban los Chicago Boys. La Operación Cóndor arrestó, exilió o asesinó a decenas de miles de académicos, intelectuales, dirigentes sindicales y artistas. Sólo mediante el control totalitario sobre los planes de estudios académicos y los medios públicos de información respaldado por una activa policía política y el ejército pudo imponer “libres mercados” al estilo neoliberal. La resultante privatización a punta de pistola se convirtió en un ejercicio en lo que Marx llamó “acumulación primitiva” – La incautación del dominio público por elites políticas respaldadas por la fuerza. Es un libre mercado al estilo de Guillermo el Conquistador o del estilo cleptócrata de Yeltsin, con una repartija de la propiedad a los compinches del líder político o militar.

Todo esto era todo lo contrario del tipo de libres mercados en los que pensaba Adam Smith cuando advirtió que los hombres raramente se juntan si no es para urdir modos de amañar los mercados para su ventaja. No es un problema que haya molestado al señor Greenspan o a los escritores editoriales del New York Times y del Washington Post. No existe realmente ningún parentesco entre sus ideales neoliberales y los de los filósofos políticos de la Ilustración. El que ellos promuevan una idea de libres mercados “libres” para que las personas poseedoras de información confidencial se repartan el dominio público entre ellas es como bajar un Telón de Acero intelectual sobre la historia del pensamiento económico.
Los economistas clásicos y los Progresistas Estadounidenses imaginaban mercados libres de renta económica e intereses – libres de gastos indirectos de rentistas y de especulación de precios, libres de rentas por la tierra, de intereses pagados a banqueros y acaudaladas instituciones financieras, y libres de impuestos para sostener a una oligarquía. Los gobiernos debían basar sus sistemas de impuestos en cobrar el “almuerzo gratuito” de la renta económica, encabezado por el de emplazamientos favorables suministrados por la naturaleza y que obtienen un valor de mercado gracias a la inversión pública en transporte y otra infraestructura, no por los esfuerzos de sus propios dueños.

Por lo tanto, la discusión entre reformistas de la Era Progresista, socialistas, anarquistas e individualistas se orientó hacia la estrategia política de cómo liberar mejor a los mercados de la deuda y de la renta. En lo que diferían era en el mejor medio político para lograrlo, sobre todo el papel del Estado. Existía un amplio acuerdo en que el Estado era controlado por intereses creados heredados de las conquistas militares de la Europa feudal y del mundo colonizado por la fuerza militar europea. La cuestión política al comenzar el Siglo XX era si la reforma democrática pacífica podía superar la resistencia política e incluso militar opuesta por el Antiguo Régimen, utilizando la violencia para retener sus “derechos.” Las revoluciones políticas resultantes se basaron en la Ilustración en la filosofía legal de hombres como John Locke, economistas políticos como Adam Smith, John Stuart Mill y Marx.
El poder debía ser utilizado para liberar los mercados de la propiedad depredadora y de los sistemas financieros heredados del feudalismo. Los mercados debían ser liberados de privilegios y de ventajas gratuitas, para que la gente pudiera obtener ingresos y riqueza sólo a través de su propio trabajo e iniciativa. Esa era la esencia de la teoría del valor del trabajo y su complemento, el concepto de la renta económica como exceso del precio de mercado sobre el coste-valor social necesario.
Aunque ahora sabemos que mercados y precios, renta e interés, formalidades contractuales y casi todos los elementos de la empresa económica se originaron en las “economías mixtas” de Mesopotamia en el cuarto milenio a.de C. y continuaron a través de todas las economías mixtas público/privadas de la antigüedad clásica, la discusión fue tan polarizada políticamente que hace un siglo la idea de una economía mixta con limitaciones y chequeos recibió poca atención.

Los individualistas creían que todo ese debilitamiento de los gobiernos centrales reduciría el mecanismo de control mediante el cual los intereses creados extraían riqueza sin trabajo o iniciativa propia. Los socialistas veían que se necesitaba un gobierno fuerte para proteger a la sociedad contra los intentos de la propiedad y las finanzas de utilizar sus ventajas para monopolizar el poder económico y político. Ambos extremos del espectro político apuntaban al mismo objetivo – reducir los precios a los costes reales de producción. El objetivo común era aumentar al máximo la eficiencia económica para traspasar los frutos de las Revoluciones Industrial y Agrícola a la población en general. Eso requería que se bloqueara el intento de la clase rentista de entrometidos de apoderarse del dominio público y de controlar la distribución de recursos. Los socialistas no creían que podría ser hecho sin tomar en sus manos el poder político y legal del Estado. Los marxistas creían que era necesaria una revolución para recuperar la renta de la propiedad al dominio público, y para capacitar a los gobiernos para que generen su propio crédito en lugar de pedirlo prestado con intereses a banqueros comerciales y acaudalados dueños de bonos. El objetivo no era crear una burocracia sino liberar a la sociedad del poder superviviente de propiedad absentista de la posesión protegida y de los intereses financieros.

Toda esta historia de pensamiento económico ha sido tan exhaustivamente expurgada del actual currículo académico como de la discusión popular. Poca gente recuerda el gran debate de comienzos del Siglo XX: ¿Progresaría el mundo de un modo bastante rápido de las reformas de la Era Progresista al socialismo propiamente tal – propiedad pública de la infraestructura económica básica, monopolios naturales (incluyendo el sistema bancario) y la propia tierra (y para los marxistas, también el capital industrial)? O, ¿podrían los reformistas liberales de la época – individualistas, partidarios de los impuestos sobre la tierra, economistas clásicos en la tradición de Mill, e institucionalistas estadounidenses como Simon Patten – retener la estructura básica del capitalismo y de la propiedad privada? Si podían hacerlo, reconocían que tendría que ser en el contexto de la regulación de mercados y de la introducción de imposición progresiva de riqueza e ingresos. Era la alternativa a la propiedad directa por el “Estado”. La idea extrema de “libre mercado” actual es una caricatura a bajo nivel intelectual de esa posición.

Todas las partes veían al gobierno como “cerebro” de la sociedad, su órgano de planificación avanzada. En vista de la complejidad de la tecnología moderna, la humanidad conformaría su propia evolución. En lugar de que la evolución ocurriera por “acumulación primitiva”, podría ser planificada deliberadamente. Los individualistas argumentaban en contra diciendo que ningún planificador humano era suficientemente imaginativo para administrar la complejidad de los mercados, pero apoyaban la necesidad de eliminar todas las formas de ingreso no devengado – la renta económica y el aumento en los precios de la tierra que Mill llamaba “incremento no ganado.” Eso involucraba la regulación gubernamental para conformar los mercados. Un “libre mercado” era una creación política activa y requería vigilancia reguladora.

Como intercesores de relaciones públicas para
los intereses creados y privilegios especiales de rentistas, los actuales propugnadores “neoliberales” de los mercados “libres” quieren potenciar la renta económica – el obsequio gratuito del precio en exceso del coste-valor, la no liberación de los mercados de los costes de rentistas. Una genealogía tan engañosa sólo podía ser lograda mediante la supresión directa del conocimiento de lo que escribieron realmente Locke, Smith y Mill. Intentos de regular “res mercados” y de limitar la fijación de precios y los privilegios de los monopolios son refundidos con “socialismo,” incluso con burocracia al estilo soviético. El objetivo es impedir el análisis de lo que es realmente un “libre mercado”: un mercado libre de costes innecesarios: rentas de los monopolios, rentas de la propiedad y gastos financieros por crédito que los gobiernos pueden crear libremente.
La reforma política para alinear los precios de mercado con el coste-valor social necesario fue el gran tema económico del Siglo XIX. La teoría del valor-trabajo del coste-valor intrínseco encontró su contraparte en la teoría de la renta económica: renta de la tierra, especulación monopolística de los precios, intereses y otros ingresos de privilegios especiales que aumentaban los precios del mercado sólo por demandas de propiedad institucional. La discusión data desde los eclesiásticos medievales que definían el justo precio. La doctrina fue originalmente aplicada a los honorarios apropiados que podían cobrar los banqueros, y más tarde fue ampliada a la renta de las tierras, luego a los monopolios creados por los gobiernos y vendidos a acreedores en un intento por escapar de las deudas.

Los reformistas y socialistas más radicales trataron por igual de liberar al capitalismo de sus desigualdades más eminentes, sobre todo de su legado de conquista militar de la Edad Oscura de Europa cuando señores de la guerra invasores se apoderaban de tierras e imponían una clase absentista de terratenientes para que recibiera los ingresos de su renta, que eran utilizados para financiar guerras para adquirir más tierras. Al final se derrumbaron las esperanzas de que el capitalismo industrial pudiera reformarse siguiendo líneas progresistas para depurarse de su legado del feudalismo. La Primera Guerra Mundial cayó como un cometa sobre la economía global, impulsándola a una nueva trayectoria y catalizando su evolución hacia una forma no prevista de capitalismo financiero.

No fue prevista en gran parte porque la mayoría de los reformadores invirtieron tanto esfuerzo en la propugnación de políticas progresistas que descuidaron lo que Thorstein Veblen llamó los intereses creados. Su Contra-Ilustración está creando un mundo que hace un siglo habría parecido una distopía – algo tan pesimista que ningún futurólogo se atrevía a esbozar un mundo dirigido por banqueros venales y corruptos, protege como clientes primordiales a los monopolios, a especuladores inmobiliarios y a hedge funds cuya renta económica, sus juegos financieros e inflación del precio de los activos se convirtieron en un flujo de interés en la economía rentista actual. En lugar de que el capitalismo industrial aumente la formación de capital, vemos que el capitalismo financiero arrasa con el capital; en lugar del prometido mundo de ocio nos lleva a la esclavitud deudora.
La travestía financiera de la democracia

El sector financiero ha redefinido la democracia con afirmaciones de que la Reserva Federal debe ser “independiente” de representantes democráticamente elegidos, a fin de actuar como el lobista de la banca en Washington. Esto exime al sector financiero del proceso político democrático, a pesar de que la planificación económica actual está ahora centralizada en el sistema bancario. El resultado es un régimen de manejos entre poseedores de información privilegiada y la oligarquía – el gobierno de los pocos ricos.

La falacia económica en acción es que el crédito bancario sea un verdadero factor de producción, una fuente casi fisiocrática de fertilidad sin la cual no puede haber crecimiento. La realidad es que el derecho monopolístico de crear crédito bancario productor de intereses es una transferencia libre de la sociedad a una elite privilegiada. La moral es que cuando vemos un “factor de producción” que no tiene un verdadero coste de trabajo de producción, se trata simplemente de un privilegio institucional.

Y esto nos lleva al más reciente debate sobre la “nacionalización” o “socialización” de los bancos. El Programa de Ayuda a Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés), ha sido utilizado hasta ahora para los siguientes fines que creo deben ser considerados como verdaderamente anti-sociales, no de alguna manera “socialistas”.
A fines del año pasado, 20.000 millones de dólares fueron usados para pagar bonificaciones y salarios a malos administradores financieros, a pesar de la caída de sus bancos en un valor líquido negativo. Y para proteger sus intereses, esos bancos siguieron pagando gastos de cabildeo para persuadir a los legisladores para que les den aún más privilegios especiales.

Aunque Citibank y otras grandes instituciones amenazaron con provocar la caída del sistema financiero por ser “demasiado grandes para quebrar,” más de 100.000 millones de fondos del TARP fueron utilizados para aumentar aún más su tamaño. Bancos que ya tambaleaban compraron filiales que habían crecido haciendo préstamos irresponsables y rotundamente fraudulentos. Bank of America compró Countrywide Financial de Angelo Mozilo y Merrill Lynch, mientras JP Morgan Chase compró Bear Stearns y otros grandes bancos compraron WaMu y Wachovia.
La política actual es “rescatar” a esos gigantescos conglomerados bancarios posibilitando que se “ganen” su camino para salir de la deuda – vendiendo aún más deuda a la economía ya sobre-endeudada de EE.UU. La esperanza es reinflar los bienes raíces y otros precios de activos. ¿Pero queremos realmente permitir que los bancos “paguen a los contribuyentes” involucrándose en prácticas financieras aún más depredadoras frente a la economía en general? Esto amenaza con maximizar el margen del precio de mercado por sobre los costes directos de producción, incorporando gastos financieros aún mayores. Es exactamente la política contraria al intento de ajustar los precios para la vivienda y la infraestructura a costes tecnológicamente necesarios. Ciertamente no es una política para lograr que la economía de EE.UU. sea más competitiva globalmente.

El plan del Tesoro de “socializar” los bancos, las compañías de seguros y otras instituciones financieras es simplemente involucrarse y sacar los préstamos malos de sus libros, pasando la pérdida al sector público. Es la antítesis de la verdadera nacionalización o “socialización” del sistema financiero. Los bancos y las compañías de seguros superaron rápidamente su primer temor reflexivo de que un rescate gubernamental ocurriría sobre la base de condiciones que eliminarían su mala gestión, y a los accionistas y dueños de bonos que respaldaron esa mala gestión. El Tesoro ha asegurado a esos malos administradores que el “socialismo” es para ellos un regalo gratuito. La primacía de las finanzas sobre el resto de la economía será reafirmada, dejando en su lugar a la dirección y dando a los accionistas una oportunidad de recuperarse ganando más de la economía en general, con aún más favoritismo tributario. (Esto significa que impuestos aún pesados serán transferidos a los consumidores, aumentando correspondientemente sus costes de la vida.)
La mayor parte de la riqueza bajo el capitalismo – como bajo el feudalismo – siempre ha provenido primordi
almente del dominio público, comenzando por la tierra y antiguamente los servicios públicos, lo que ha sido coronado recientemente por el poder de crear deuda del Tesoro. En efecto, el Tesoro crea un nuevo activo (11 billones de dólares de nuevos bonos y garantías del Tesoro, es decir los 5,2 billones de dólares para Fannie y Freddie). Los intereses sobre esos bonos serán pagados mediante nuevos impuestos al trabajo, no a la propiedad. Es lo que se supone que vaya a reinflar la vivienda, los precios de acciones y bonos – el dinero liberado de los impuestos a la propiedad y a las corporaciones estará disponible para ser capitalizado en nuevos préstamos adicionales.

Por lo tanto la renta pagada hasta ahora como impuestos comerciales seguirá siendo pagada – en la forma de intereses – mientras los antiguos impuestos seguirán siendo cobrados, pero a los trabajadores. La carga fiscal-económica será por lo tanto duplicada. No es un programa que haga que la economía sea más competitiva o que aumenten los niveles de vida de la mayoría. Es un programa para polarizar la economía de EE.UU. aún más por arriba entre las finanzas, los seguros y los bienes inmobiliarios (FIRE) y por abajo en los trabajadores.

Los rechazos neoliberales de la regulación pública y de la tributación por significar “socialismo” representan en realidad un ataque contra la economía política clásica – el liberalismo “original” cuyo ideal era liberar a la sociedad del legado parasítico del feudalismo. Una política del Tesoro genuinamente socializada sería que los bancos prestaran para fines productivos que contribuyan a un crecimiento económico real, no sólo para aumentar los gastos generales e inflar los precios de los activos lo suficiente como para extraer cobros por intereses. La política fiscal apuntaría a minimizar en lugar de maximizar el precio de la propiedad de casas y de hacer negocios, basando el sistema impositivo en el cobro de la renta que ahora es pagada como interés. El traspaso de la carga tributaria de los salarios y los beneficios a la renta y los intereses fue el núcleo de la economía política clásica en los siglos XVIII y XIX, así como en la Era Progresista y los movimientos de reforma socialdemócrata en EE.UU. y Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa doctrina y su programa de reforma han sido enterrados por la cortina de humo retórica organizada por lobistas financieros que tratan de enturbiar las aguas ideológicas lo suficiente como para acallar la oposición popular a la actual toma del poder por el capital financiero y el capital monopolista. Su alternativa a la auténtica nacionalización y socialización de las finanzas es la esclavitud por deuda, la oligarquía y el neo-feudalismo. Y a ese programa lo llaman “libres mercados.”
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Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

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